Alicia Castro, diputada y secretaria de la Asociación Argentina de Aeronavegantes le pidió ayer a Fernando de la Rúa que «deje sin efecto en forma inmediata el artículo seis del Decreto 698 mediante el cual el Poder Ejecutivo produjo una drástica flexibilización de las normas de la seguridad aérea».
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Esas especificaciones se produjeron, según la sindicalistas «a pedido de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) con el pretendido fundamento de reducir costos».
Castro, que viajó ayer a Madrid para unirse a una comisión de Diputados que quieren exigir a la SEPI que se haga cargo de la deuda de Aerolíneas Argentinas, explicó que el decreto deja sin efecto «las disposiciones correspondientes a instrucción, programas de capacitación, revisión y entrenamiento de emergencia de tripulantes de cabina de pasajeros.Además «elimina los requisitos psicofísicos y el certificado de competencia, que es la licencia que acredita estas aptitudes profesionales», dijo.
La autoridad aeronáutica, agregó Castro, «señala que es el Estado el que debe velar por la seguridad del transporte aerocomercial y al dictar las normas de seguridad vigente, no debe tomarse en cuenta cuestiones laborales, gremiales o económicas, ya que las mismas no pueden tener precedencia sobre la prevención de accidentes y el resguardo de la vida humana».
Agregó además que: «Es inadmisible que sea el Estado español el que modifique las normas que la Argentina se ha dado en cuestión de seguridad y más insólito siendo que el operador de Aerolíneas llegó a actuar con negligencia criminal», protestó la diputada.
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