Plan BONEX en lugar de decreto

El gobierno comenzó a discutir anoche una nueva forma de freno a la salida de los depósitos sin apelar a la vía judicial: ofrecerles a los ahorristas devolvérselos en los bonos en dólares a 10 años cuya emisión ha anunciado ya el gobierno. Esa salida sería sancionada por una ley y lo admitiría la Corte Suprema de Justicia como legal.

En la cena que compartían anoche Eduardo Duhalde, Jorge Capitanich y los secretarios Eduardo Amadeo, Aníbal Fernández y José Pampuro con la cúpula de Economía (Jorge Remes, Jorge Todesca, Lisandro Barry, Mario Blejer) en la Casa Rosada, el gobierno analizó varios caminos para superar la crisis. El ministro asustó al Presidente con el dilema de que, si no hay freno al «goteo» de depósitos, sólo quedaban dos vías: emitir para cubrir depósitos con redescuentos, con la hiperinflación como horizonte más cierto, o enfrentar en el corto plazo una caída en dominó de los bancos.

Del Congreso había llegado otra alternativa más alentadora: ¿por qué no convertir en ley la circular del Banco Central, no reglamentada aún, que dispone que desde enero próximo los bancos negocien con los ahorristas la devolución de los depósitos? Esa solución incluye el uso de bonos para honrar la devolución de los depósitos adeudados por los bancos. Una evocación del plan BONEX lanzado en 1990 para salir de la escalada inflacionaria que precedió a la convertibilidad.

Esta idea es la que prosperó cerca de la medianoche en Casa de Gobierno y buscará hoy concretarse en un proyecto de ley de rápida sanción.

Hoy a las 10 el equipo económico se sentará a escribirle una minuta al Presidente para dársela a mediodía bajo la consigna de mezclar un plan BONEX con, según un asistente a la cena de anoche, «un fuerte apriete a los bancos».

Ayer el precio del dólar se había mantenido tranquilo por el anuncio de que saldría el decreto, pero la euforia duró poco. A media mañana, el Presidente se indigestó con los cables de agencia que lo atemorizaron con las amenazas de abogados y legisladores de demandas contra el eventual decreto.

• Traje a medida

La andanada de rechazos al anuncio del freno al «goteo» de depósitos en la mañana de ayer pareció un traje a medida de los miedos del Presidente; incluyeron presentaciones profesionales ante tribunales de Eduardo Barcesat y Alicia Castro.

Con el mismo método, hace un mes y medio Elisa Carrió y Ricardo Monner Sanz habían torcido la pluma presidencial en favor de las retenciones a las exportaciones de petróleo. Duhalde dejó de lado un impuesto negociado con las empresas que temió. Que fuera denunciado como un enjuague turbio.

El trámite que desencadenó ese giro del Presidente desnudó las divisiones que separan no ya al gobierno, sino al duhaldismo mismo sobre cómo encarar la solución: Remes Lenicov estaba anoche más lejos que nunca del peronismo del Congreso y del resto del gabinete; los banqueros pegaron anoche un portazo al salir de la oficina del ministro; la Corte seguía siendo criticada por el gobierno como resistente a cualquier acuerdo para congelar la pelea con el gobierno. La estabilidad del ministro parecía en discusión y hasta se dudaba de que hoy viaje efectivamente a los Estados Unidos.

«El decreto de 'corralito' lo firmo sólo si me aseguran que no lo va a voltear Silva Garretón.» Esta es la condición que le había puesto Duhalde hace una semana en Olivos, casi sin testigos, a Remes Lenicov. La orden disparó un abanico de operaciones y consultas que terminó ayer con el fracaso de la iniciativa del gobierno para superar su principal dificultad; frenar la salida de depósitos del sistema bancario cerrando un pacto político con la Justicia:

• Remes y Arcuri habían protagonizado a mediodía un violento debate por teléfono. Fue cuando el ministro de Economía se enteró por boca de Duhalde del rechazo a la firma: «Eso no lo banco porque me dicen que la Justicia lo voltea y la Corte no nos ha asegurado que nos vaya a apoyar», le dijo el Presidente. Cuando Remes pidió detalles, el Presidente le pasó el tubo a Arcuri, a quien tenía adelante. Remes estuvo más crudo y le gritó al secretario de legales: «¿Es esto o qué?, Tano?». «No sé -retrucó Arcuri-, pero esto no es, no se lo puede bancar, y no sé qué pensó tu gente cuando te lo hizo firmar a vos y a Alfredo Atanasof.» (Eran los dos ministros que habían llegado a estampar su firma en el decreto).

• Arcuri había sido el responsable de las consultas con la Corte Suprema de Justicia y el Congreso sobre el plafón que había para un decreto como el que proponía Economía. Ayer el dato final era que los magistrados rechazaban ese texto por dos razones. Una, jurídica, decía que si admitían que se limitase el derecho de amparo se exponían a nuevos pedidos de juicio político. Completaron esa respuesta enviándole a Remes varias carpetas con antecedentes jurídicos de crisis parecidas en los Estados Unidos y en Francia que podían mejorar el borrador del decreto y eliminar sus aristas ilegales.

• El gobierno se esforzó por atribuirle a la Corte razones menos evangélicas: que el gobierno les pedía apoyo, pero no les cerraba el juicio político en el Congreso. Raúl Alvarez Echagüe, delegado de Arcuri para hablar con la Corte, confía hoy en una reunión que mantendrá el jefe de los diputados con delegados de la Corte para cerrar la pelea en el Congreso.

• El encargado de negociar con el Congreso el texto de este decreto fue el ministro de Justicia, Vanossi, quien envió el texto en borrador al despacho de varios senadores con silla en la comisión de Asuntos Constitucionales. Ninguno de ellos aceptó la propuesta de que el decreto tuviera carácter de ley; más aún, varios legisladores respondieron que, además, pedirían nuevo juicio político a los jueces que admitieran violar el derecho de amparo. Lo mismo le dijeron esos legisladores al enviado de la Corte a averiguar lo mismo, el secretario administrativo del tribunal, Nicolás Reyes.

• El secretario Legal y Técnico Antonio Arcuri elaboró en su despacho un informe explicándole a Remes por qué el decreto viola el art. 43 de la Constitución que establece el amparo y la división de poderes. En Economía, se ilusionaban con que el ingenio de Arcuri pariese un nuevo texto de la norma que permitiese frenar la salida de depósitos sin violar la ley. Cuando anoche ingresaron Remes y Mario Blejer en el despacho presidencial para explicarle a Duhalde la crisis que abría su rechazo a la firma del decreto, dijo que ninguna norma podía dictar limitaciones al derecho de amparo con efecto retroactivo, como decía el proyecto Remes-Ratti-Vanossi.