Polémica por nueva cesación de pagos

Desde noviembre se anticipaba la decisión de Lavagna, pero al anunciarse, hace 7 días, igualmente repercutió fuerte en empresas y bancos. El gobierno determinó la suspensión de la utilización para el pago de impuestos de los CCF y CEOI (certificados de crédito fiscal y certificados de opción impositiva) hasta que finalice la renegociación de la deuda. Abarcó, además, al «bono patriótico» lanzado por Domingo Cavallo en 2001 por u$s 1.500 millones, del que participaron en u$s 1.000 millones los bancos locales y extranjeros, y por u$s 500 millones las grandes empresas (petroleras y privatizadas, principalmente). Obviamente, los próximos llamados para hacer patria en lo financiero tendrán otra respuesta.

Para la justificación de la medida, el Ministerio de Economía se basó en la necesidad de poner un «trato igualitario con todos los acreedores». Curiosamente, los CCF y algunas series de Letes fueron emitidos luego de que Cavallo lanzara el «corralito» y casi al momento de producirse el default. Inclusive las Letes 108 y 109 tuvieron fecha de lanzamiento del 28 de diciembre por lo que automáticamente entraron en default. No tuvieron un solo día de cotización normal. En sus cláusulas de emisión se contemplaba la posibilidad de no pago al vencimiento, pero se mantenía su utilización para pagar impuestos.

Está claro que el tenedor original o los que luego compraron esos papeles lo hicieron con la única intención de cancelar deudas impositivas, aunque en la mayor parte de los casos fueron colocados compulsivamente (en especial entre AFJP). En setiembre de 2002, ya en la gestión de Roberto Lavagna, se implementó un sistema de licitación con un monto máximo mensual para aceptación para el pago de impuestos. Durante todo 2002 y hasta setiembre de 2003 se respetó la cláusula de cancelación de obligaciones tributarias. A partir de entonces, se dictaron varios decretos que postergaron sucesivamente su utilización, con el final antes mencionado.

Por ello es que la decisión de hace 7 días no sorprendió, pero en los balances de bancos y de las empresas tendrá un impacto no menor. Peor efecto en los pequeños ahorristas, que en su momento confiaron en la cláusula de pago. ¿Qué pasará con los préstamos garantizados? Tienen una historia con muchas similitudes a las de las CCF y las Letras. Pero se respetará puntualmente su pago por más que signifique un trato no igualitario.

Tras esta decisión está la recomendación de los abogados del gobierno argentino (el estudio Cleary-Gottlieb) en Nueva York que recomendaron no seguir con esas licitaciones por los juicios de acreedores que reclamarán al sentirse discriminados. Lo cierto es que desde que se desató la devaluación y pesificación se concluyó en un festival de discriminación que afectó a "bonos patrióticos", papeles de ahorristas y, al mismo tiempo, se emitió nueva deuda porque complican los pagos futuros aun con quita de 75%.