Polémico: juez ordenó abrir cajas de seguridad

Lo que primero sonó como una amenaza en la provincia de Buenos Aires, ayer tomó visos de mayor seriedad. Un juez de Mercedes ordenó el embargo de cuatro cajas de seguridad para asegurarse el cobro de impuestos. Horas después, otro magistrado -esta vez, de La Plata- rechazó uno de los embargos. Los fallos contrapuestos alimentan la polémica sobre el método que para combatir la evasión trata de imponer el subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya. Hay controversia sobre la legalidad de la medida, porque se encuentran en juego derechos y garantías individuales. A favor de la orden judicial se argumentó que las cajas de seguridad bancarias y su contenido no se encuentran excluidos del régimen general de los bienes que pueden ser embargados. Pero en contra se advirtió que la apertura compulsiva puede comprometer o afectar el derecho de privacidad e intimidad de las personas.

Santiago Montoya

Dos jueces en lo Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos Aires plantearon ayer -a través de sus fallos- una fuerte controversia doctrinaria sobre la legalidad para embargar cajas de seguridad depositadas en los bancos, cuyos propietarios son sospechados de evasión fiscal y denunciados por el particular método que trata de imponer el subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, quien hizo la denuncia. La controversia judicial llegará sin duda a la Corte bonaerense y, eventualmente, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque se encuentran en juego derechos y garantías individuales, tutelados por la Constitución, en la opinión de algunos abogados. Montoya anticipó que existen 100 cajas de seguridad bloqueadas y existen otras 700 a resolución de los jueces.

El juez Hugo Echarri de Mercedes ordenó el embargo de cuatro cajas de seguridad de medianos y pequeños evasores del fisco bonaerense, aunque sus deudas superan los 10.000 pesos y constituyó la primera medida de este tipo que se adopta contra presuntos morosos considerados incobrables. Echarri dispuso que Daniel Castro, Lucas Gómez, Gustavo Orduña y Ana María Bisval quedaran imposibilitados de acceder a sus bienes. «Decreto el embargo preventivo de los bienes muebles contenidos en la caja de seguridad bancaria denunciada, limitándose la traba a aquellos necesarios para cubrir el crédito que se reclama y lo presupuestado para intereses y costas.» La medida judicial es la primera en su tipo que se adopta contra presuntos morosos considerados incobrables.

• Rechazo

Hasta ayer a la noche, funcionarios del gobierno provincial aseguraban que las cajas aún no habían sido abiertas.

En una medida contrapuesta, el juez Federico Arias de La Plata rechazó también ayer otro embargo de una caja de seguridad, en una decisión que se suma a otras anteriores en esa dirección, por considerar que su contenido «no implica necesariamente la existencia de bienes de naturaleza patrimonial, y su apertura compulsiva puede comprometer o afectar el derecho de privacidad e intimidad de las personas».

Arias declaró improcedente el pedido de la DGI bonaerense, pero ordenó en subsidio la inhibición general de bienes de su propietario. Sus argumentos para atacar jurisprudencialmente la medida solicitada fueron los siguientes:

• «Sólo es procedente en supuestos donde no sea posible identificar bienes a embargo y se demuestre que se hayan efectuado maniobras tendientes a sustraer bienes del alcance del acreedor fiscal (que) no se halla acreditado en autos.»

• «No escapa a mi conocimiento que la evasión fiscal constituye una conducta reprochable, pero ello no justificaen modo alguno la adopción de medidas extraordinarias que puedan afectar derechos amparados por la Constitución, cuando existan otros remedios cautelares.»

• «No implica necesariamente la existencia de bienes de naturaleza patrimonial, y su apertura compulsiva puede comprometer o afectar el derecho de privacidad e intimidad de las personas.»

El embargo sin precedentes aprobado por el juez de Mercedes fue pedido por la Dirección de Rentas bonaerense a cargo de Montoya, después de varios meses de anunciada la medida -el 6 de diciembre pasado-, y pese a los rechazos de distintos sectores y las opiniones encontradas entre jueces y abogados sobre la « inconstitucionalidad» de la decisión.

No obstante, para Montoya «las cajas de seguridad ya no son tales si uno tiene deuda con la provincia. El fallo demuestra que embargar las cajas no es ilegal como muchos decían y sienta un antecedente importante». Incluso llegó a amenazar con que Rentas «denunciará penalmente» a la entidad bancaria que alerte al cliente moroso. «Si nos encontramos con una caja de seguridad vacía y en los últimos movimientos vemos que había bienes y patrimonio que fueron retirados luego de que el banco recibiera la notificación de que se iba a embargar, vamos a denunciar penalmente al gerente o funcionario bancario por encubrimiento y entorpecimiento del accionar del Estado», amenazó el funcionario.