El equipo económico analizaba ayer seriamente la alternativa de enviar un veedor al ANSeS, sin desplazar a su titular Ricardo Campero, y dehecho congelar por 3 meses el avance de 50 mil trámites de jubilación. Además se estudiaba el futuro de la AFIP. Otras medidas que tiene en preparación el gabinete de Ricardo López Murphy ya levantaron interrogantes incluso dentro del gabinete. «Hay que estudiar si no afecta derechos adquiridos», con esa frase respondió ayer Marcos Makón, nuevo ministro de Desarrollo Social, cuando se le preguntó por la posibilidad de aplicar un techo de $ 3.100 para las jubilaciones del sistema de reparto actuales y futuras. Con esas dos medidas el equipo económico quiere provocar un ahorro inmediato de entre $ 200 y $ 300 millones.
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* En el equipo de López Murphy ya se inició la búsqueda de un veedor para el ANSeS. Se está pensando en un empresario, de un perfil según dicen, similar al de Víctor Savanti.
Una de las primeras medidas a tomar por la nueva administración sería, de hecho, congelar por 3 meses todos los trámites de jubilación ya en marcha. Con esta decisión, que abarcaría a unos 50 mil beneficiarios, se espera producir un ahorro este año de $ 200 millones. * Además la intervención deberá llevar adelante un amplio plan de racionalización de las cuentas del ANSeS. Dicen en FIEL que de cada 100 pesos que el Estado destina a ese organismo solo 20 pesos llegan a los beneficiarios. Con este dato se puede tener una idea de la dimensión del ajuste que se prevé en ese organismo. * Una línea argumental similar se utilizará para explicar la eliminación de las asignaciones familiares para los trabajadores con salarios inferiores a $ 200, lo que involucra a unos 400 mil trabajadores. Menos duro que el equipo económico, pero en el mismo sentido, ayer Makón explicó que: «Hay mucho fraude en el sistema de asignaciones familiares por la falta de controles. Se denuncia como empleados a una mujer y su marido como si no estuvieran casados, y entonces cada uno cobra su asignación», dijo el ministro. «Hay un déficit como consecuencia de que se presentan declaraciones incorrectas. Existen personas que denuncian que tienen familiares a cargo y no los tienen, porque faltan mecanismos de control. Hay un problema administrativo muy serio», dijo Makón. Estas denuncias fueron hechas por la actual administración, que preparó un sistema de control. * También avanzó en Economía la idea de poner un tope de $ 3.100 a las jubilaciones del sistema de reparto. Esta medida, que Makón objetó por las consecuencias legales que puede acarrear, ya tuvo varios antecedentes en los últimos años.
En 1995, cuando Domingo Cavallo consiguió que el Congreso sancionara la Ley de Solidaridad Previsional, se estableció un límite a las jubilaciones conocidas como de privilegio, aunque en ese rango de ingresos altos estén comprendidos beneficios de particulares que realizaron aportes por sueldos elevados, que fue fijado precisamente en $ 3.100.
Todo el excedente que hasta ese momento se pagaba por las jubilaciones más altas debía integrarse a un fondo solidario para incrementar los haberes previsionales más bajos.
Pero la medida no pudo ser aplicada completamente ya que muchos jueces comenzaron a fallar a favor de los perjudicados por el recorte. Además, se estableció como regla general que el Poder Judicial no quedaba comprendido. Así, hoy ese límite de 3.100 pesos se aplica sólo para algunos regímenes especiales como, por ejemplo, el Poder Legislativo. Poco después, también durante el gobierno de Carlos Menem, Economía incluyó en tres proyectos de Presupuesto Nacional un límite a las jubilaciones especiales de $ 2.500. El Congreso nunca lo aprobó, como tampoco lo hizo en diciembre de 2000 cuando José Luis Machinea pidió incluir en el presupuesto de este año un tope similar. El gasto extra que se calculó en ese momento para el pago de esos beneficios más altos ronda los 160 millones depesos. * Por último el equipo económico recibirá este fin de semana todos los datos internos técnicos sobre el movimiento de la AFIP. López Murphy pidió especialmente a Héctor Rodríguez que desglose la recaudación de la moratoria y los planes de facilidades de pago para conocer exactamente el nivel real de la recaudación mensual sin esos dos aportes que distorsionan la recaudación real. También quiere saber cuánto ingresó en un año por recuperación de evasores y ajustes de declaraciones juradas y pagos. Este fin de semana Rodríguez le enviará el informe completo al ministro.
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