La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) terminará de reglamentar en los próximos días la batería de medidas de control sobre el sector agrícola, que fueron aprobadas por el Congreso en 2003, dentro del primer paquete antievasión. Según fuentes del organismo que dirige Alberto Abad, para febrero toda la nueva estrategia de fiscalización para las operaciones dentro de la Argentina y con el exterior (sobre todo, la tercerización con paraísos fiscales) ya estará en marcha, reglamentada y publicada oficialmente. Las principales dos medidas que ya se pondrán en marcha serán el seguimiento satelital del comercio agrícola en todo el país y la prohibición para ciertos exportadores de cereales de trabajar con sociedades radicadas en el exterior, fundamentalmente con los llamados «paraísos fiscales». En este último caso, la prohibición rige para la venta de commodities al exterior con el precio original y la obligación de tomar el valor de salida de los puertos locales, siempre que haya intervenido en la operación alguna sociedad radicada en el exterior que no tenga cierto historial operativo en la Argentina.
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Sobre los controles satelitales, la intención de la AFIP es tomar datos por este mecanismo sobre la operaciones que se realicen en diferentes campos de todo el país, y luego comparar esa información con las declaraciones juradas de Ganancias, IVA y Bienes Personales que estén en los bancos de datos del organismo recaudador. En los casos en que haya diferencias, los propietarios o sociedades que figuren como responsables de la explotación deberían aclarar la situación y explicar las diferencias entre la información de la AFIP y esas declaraciones. Antes de todo esto, funcionarios del organismo y dirigentes del campo se reunirán el miércoles para coordinar la puesta en funcionamiento de estas políticas y debatir algunos otros aspectos de la política tributaria, fundamentalmente la vinculada con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) diferencial, que para este sector representa 10,5 por ciento.
La queja de los empresarios que se dedican a rubros como los de los granos y la carne es que ese porcentaje se distingue del que deben utilizar para la compra de insumos, donde se aplica el universal de 21%, lo que provocaría una diferencia importante que genera un crédito fiscal de difícil recobro para los empresarios dedicados al agro.
Según pudo conocerse ayer, estos últimos llevarán a la reunión del miércoles una la queja ante esta situación, y el pedido de generar una propuesta de alternativa que modifique el actual sistema, con el amparo de haber sido un rubro que aportó en 2003 más de 9.200 millones de pesos, y que la soja de la nueva cosecha dejará en las arcas fiscales unos 600 millones de pesos al finalizar el año actual.
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