Diputados y senadores justicialistas intentarán que antes de las elecciones de octubre se sancionen las leyes que aumentan las penas para los delitos de lavado de dinero, el paquete antievasión II y la convalidación de los acuerdos de renegociación de concesiones firmados entre el Ejecutivo y las empresas de energía Distrocuyo, Transener y Trasba. Con estos tres capítulos aprobados, el gobierno se daría por satisfecho, al menos en materia económica, en cuanto a la aprobación de leyes antes de las elecciones del 23 de octubre.
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En realidad, todos estos proyectos dependen de la ampliación del presupuesto para el Poder Legislativo en 25 millones de pesos, para incrementar los salarios de los empleados del Congreso, decisión que debe tomar el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. De lo contrario, los diputados y senadores amenazan con no sesionar (ver nota en pág. 13).
Pese a la reducida actividad parlamentaria, el Ejecutivo espera que estos proyectos avancen en agosto y se sancionen en setiembre, y que para noviembre el Congreso ya esté listo para discutir el Presupuesto 2006, la ley más importante en lo que resta del año y que reavivará la discusión de los últimos dos años sobre las facultades delegadas para el jefe de Gabinete.
Por lo pronto, en Diputados el justicialismo intentará esta semana sancionar el proyecto del Ejecutivo para combatir la evasión previsional e impositiva (paquete antievasión II), aunque es probable que la iniciativa pase para la sesión del 17 de agosto. Uno de los puntos centrales de esta iniciativa es que se habilita a deducir del Impuesto a las Ganancias el salario de las empleadas domésticas, que facilitará la lucha contra el trabajo en negro de este sector.
El Senado, en tanto, tratará de aprobar las reformas de los artículos 18 y 19 de la Ley Penal Tributaria y de Procedimiento Tributario, que forman parte del plan antievasión, y aguardará que Diputados le envíe la iniciativa sobre evasión previsional. Además, diputados y senadores quieren convalidar antes del 26 de agosto el dictamen de la Comisión Bicameral que sigue las renegociaciones con las empresas privatizadas sobre el acta de entendimiento firmada con la distribuidora eléctrica Distrocuyo, que abastece a Mendoza y San Juan.
• Plazo
El 26 de agosto vence el plazo que tienen los legisladores para aprobar o rechazar el acuerdo, y el justicialismo quiere evitar lo ocurrido con los contratos de concesionarias de puertos y autopistas, que recibieron sanción « ficta», es decir que se aprobaron sin el Parlamento, al no haber sido debatidos dentro de los tiempos legales. En este caso, el justicialismo no prevé dificultades porque el acuerdo con Distrocuyo tiene el mismo esquema que el renegociado con la distribuidora Edelap, respaldado en su momento por toda la bancada del PJ, a diferencia del acta de entendimiento con las terminales portuarias.
• Transener
Ambos bloques del oficialismo pretenden tratar también antes de las elecciones de renovación parlamentaria el acuerdo de renegociación con la empresa Transener, la transportadora de energía eléctrica más grande del país.
El acuerdo prevé un aumento de 30% de las tarifas desde el 1 de noviembre, una revisión integral de la tarifa a partir de febrero y eventuales modificaciones del cuadro tarifario cuando se produzca un aumento de los costos superiores al 5%. Además, establece que la empresa debe renunciar a sus demandas ante el CIADI cuando se apruebe la revisión integral de la tarifa, y estipula un plan de pagos en cuotas de las multas que adeuda la transportadora y permite compensarlas con inversiones.
Por último, el Senado también estudiará el terreno para convertir en ley antes de octubre el proyecto para eliminar el secreto bancario y bursátil, y facilitar de esta manera las investigaciones sobre lavado de dinero realizadas por la Unidad de Información Financiera.
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