Neumáticos: FATE deberá seguir pagando los salarios mientras la Justicia define la validez de los despidos

El Juzgado Nacional del Trabajo 17 elevó la apelación a la Cámara, que deberá resolver el fondo de la disputa sobre la legalidad del cierre de la planta de San Fernando. Reclamos del Sutna a la Provincia.

El SUTNA y otras organizaciones políticas y sindicales hicieron un abrazo simbólico el miércoles en la planta de FATE.

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La disputa judicial entre FATE y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) sumó un nuevo capítulo que representa un alivio para los trabajadores despedidos tras el cierre de la histórica planta de San Fernando.

El Juzgado Nacional del Trabajo N°17 resolvió elevar la apelación presentada en la causa a la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ahora deberá pronunciarse sobre la cuestión de fondo: si el cierre de la fábrica y los 920 despidos deben ser considerados “ilegales, ineficaces e inexistentes”, como exige el gremio.

Mientras ese tribunal no emita una resolución definitiva, seguirá vigente la medida cautelar que obliga a la empresa a continuar pagando los salarios de los trabajadores alcanzados por el fallo.

La novedad fue comunicada por el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, quien sostuvo que la resolución confirma que la empresa deberá seguir abonando los haberes hasta que exista una definición judicial sobre la legalidad de los despidos.

"El juzgado 17 acaba de elevar la apelación a la Cámara 2 para que decida si los despidos quedan definitivamente como ilegales, como ineficaces e inexistentes. Pero a la vez, el carácter en que eleva esta apelación es con la cautelar que paga los sueldos a todos los trabajadores decidida por la Cámara de Apelaciones en suspenso. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras resuelva la Cámara de Apelaciones continuará pagando el salario a todos los compañeros de FATE que vienen cobrando", afirmó Crespo luego de un abrazo simbólico a la fábrica.

El dirigente sindical agregó que el gremio también buscará ampliar el alcance de esa protección judicial. "Vamos a pedir que se extienda a los compañeros que aún no han llegado a este beneficio. Esto por un lado es un alivio económico justo para los trabajadores en lucha y, por otro lado, es una muestra clara del lockout patronal", sostuvo.

La decisión judicial prolonga una obligación que ya había sido establecida por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que a fines de marzo ordenó a la empresa cumplir con el acuerdo firmado con el sindicato en mayo de 2025, mediante el cual se comprometía a no despedir personal hasta mediados de 2026.

Sobre esa base, la Cámara dispuso que la empresa debía abonar los salarios adeudados y continuar pagando los haberes mientras se resolvía el litigio principal.

El conflicto se inició el 18 de febrero, cuando FATE, controlada por el empresario Javier Madanes Quintanilla, anunció el cierre definitivo de su planta industrial de San Fernando, una decisión que dejó sin empleo a 920 trabajadores.

La empresa argumentó que la actividad se había vuelto inviable por la pérdida de competitividad, el aumento de las importaciones, la caída de los precios internacionales y los elevados costos de producción.

Desde el sindicato, en cambio, sostienen que el cierre violó un acuerdo homologado judicialmente y califican la decisión empresarial como un lockout patronal, al considerar que la compañía decidió paralizar voluntariamente la producción para forzar el conflicto.

En los meses posteriores al cierre, la Justicia fue adoptando distintas medidas cautelares a favor de los trabajadores. Entre ellas se destacó un embargo cercano a $3.000 millones sobre bienes de la empresa por el presunto incumplimiento del pago de salarios y de resoluciones judiciales anteriores.

Un conflicto con varios frentes abiertos

El enfrentamiento, sin embargo, no se limita al plano laboral. También existe una causa penal impulsada por la empresa para obtener el desalojo de la planta ocupada por los trabajadores.

En ese expediente, la Justicia citó a declaración indagatoria a 24 trabajadores, una medida que fue repudiada por el SUTNA y diversas organizaciones sindicales, que sostienen que la permanencia dentro de la fábrica constituye una medida legítima de resguardo frente al cierre.

Lejos de modificar su estrategia, el sindicato anunció que continuará profundizando tanto la pelea judicial como la política. Crespo sostuvo que la decisión del juzgado constituye una nueva demostración de que la posición de la empresa carece de sustento y volvió a cuestionar la actitud del gobierno bonaerense.

"Es una muestra clara de que el Ministerio de Trabajo nos tiene que dar la audiencia que hemos pedido y que el gobernador de la provincia de Buenos Aires está quedando en una forma de actuar más a la derecha que la propia Justicia. El silencio de cuatro meses ya es una declaración. Pedimos inmediatamente la intervención del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobernador", afirmó.

El dirigente también insistió con uno de los principales reclamos políticos que el gremio viene impulsando desde el cierre de la planta: la aprobación del proyecto de ocupación temporaria de las instalaciones de FATE, iniciativa que ya fue presentada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado bonaerense.

"Pedimos que se apruebe en la Legislatura bonaerense el proyecto de ocupación temporal que ya fue presentado tanto en Diputados como en Senadores. Pedimos que la Justicia penal rechace todo intento de desalojo en una fábrica que está cortando el pasto y que está obligada a pagar los sueldos", señaló.

La propuesta impulsada por el sindicato busca que la Provincia declare de utilidad pública la planta industrial y habilite una ocupación temporaria mientras se intenta encontrar una salida al conflicto. Según el gremio, la medida permitiría preservar los puestos de trabajo y mantener operativa a la única fábrica de neumáticos para buses y camiones del país.

El pedido está dirigido directamente al gobernador Axel Kicillof, a quien el sindicato reclama desde hace meses una audiencia para discutir alternativas que eviten el cierre definitivo del establecimiento.

Mientras tanto, la empresa continúa defendiendo su posición en los tribunales. Desde el inicio del conflicto sostuvo que la planta dejó de ser económicamente viable por el deterioro de las condiciones del mercado, la apertura de las importaciones y la pérdida de competitividad de la industria local.

También cuestionó las resoluciones judiciales que ordenaron el pago de salarios y anticipó que agotará las instancias de apelación para revertirlas.