Por la convocatoria puede caer contrato del Correo

La presentación del Correo Argentino en concurso preventivo de acreedores puede derivar en la rescisión de la concesión porque así lo prevé el contrato en el artículo 30, donde se especifican las causas por las cuales la autoridad concedente, el Poder Ejecutivo, puede recurrir a esa medida extrema.

La presentación en concurso de la empresa, cuyo accionista principal es el grupo SOCMA, se produjo tres días después de que el gobierno, a través de la Secretaría de Comunicaciones, intimó al concesionario a pagar el total de los cánones adeudados que suman 257 millones de pesos bajo apercibimiento de rescisión del contrato. Aunque el Correo había sido ya varias veces intimado al pago, ésta es la primera vez que se lo apercibió formalmente con la rescisión de la concesión.

De este modo, por lo menos desde lo formal, el Correo sólo habría ganado algo de tiempo para llegar a la misma situación. Una vez que el juez declare abierto el concurso el Poder Ejecutivo puede dar por caída la concesión, al igual que si no se hubiera cumplido la intimación al pago.

Pero, en principio, el concurso descolocó al gobierno que venía trazando una estrategia de «rescisión acordada» para esta concesión que le permitiera volver a licitar y adjudicar con un contrato mejor diseñado. En apariencia, al gobierno de Fernando de la Rúa le parece riesgoso, desde el punto vista legal, rescindir el contrato por la presentación en convocatoria, con lo que corre el riesgo de seguir en la indefinición con que manejó este conflictivo tema desde que asumió y dejar, como hasta ahora, la iniciativa en poder del concesionario.

Lo llamativo es que si se dicta un marco regulatorio adecuado para la actividad postal (lo que se viene dilatando desde marzo del año 2000) y se diseña un contrato de concesión claro y cumplible, habría varios interesados en el Correo oficial, porque éste, aun con todos los inconvenientes que tiene el actual concesionario, sigue siendo el primer prestador postal del país y daría una rentabilidad razonable si no estuviera obligado a pagar un canon que equivale a 20% de la facturación.

Interés

Representantes de los correos de Francia y de Alemania estuvieron entre abril y mayo con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y de la Comisión Nacional de Comunicaciones para expresar interés en operar el Correo oficial.

El martes, Francisco Macri y autoridades del Correo Argentino, junto con representantes de los gremios postales, mantuvieron un encuentro con el presidente De la Rúa y los ministros Domingo Cavallo y Carlos Bastos. En esa oportunidad, Macri habría solicitado un acuerdo político para renegociar el contrato, pero la respuesta oficial habría sido, en términos menos tajantes, que el gobierno no puede bajar el canon que se comprometió en el momento de la licitación, aun cuando se reconozca que es impagable, porque esto podría ser motivo de acciones judiciales.

Objetivo

Ayer, al explicar la presentación en convocatoria, el Correo afirmó en un comunicado que uno de los objetivos de esa decisión es «lograr que el Estado, en todas sus manifestaciones, cumpla con sus compromisos, asegure las condiciones igualitarias de la competencia que establece el pliego de la licitación y, a la vez, se resuelvan los reclamos planteados».

En los despachos oficiales se estima que, tras la presentación en convocatoria, Macri busca un paraguas para negociar quedarse con el Correo con un canon mucho menor y la condonación de la deuda acumulada, junto con un marco regulatorio que ponga límite a la competencia de los prestadores ilegales. Y si no logra todo eso, por lo menos quiere irse del Correo recuperando parte de lo invertido y sin pagar lo adeudado.

Pero aun en este último aspecto,la pretensión de Macri pone en un brete al gobierno. El Correo invirtió, según su comunicado, 360 millones de pesos desde la privatización, aun cuando la inversión obligatoria para los cuatro primeros años de la concesión era de 100 millones de pesos.

Sin embargo, dentro de los 360 millones, se encuentran por lo menos 100 millones destinados a retiros voluntarios, que el ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath permitió computar como inversión obligatoria, lo que está actualmente cuestionado en la Justicia.

El escenario de la convocatoria, si no se lo toma como causa de rescisión del contrato, deja los plazos para solucionar el conflicto por los cánones adeudados en manos de la Justicia, mientras queda abierto el interrogante sobre el canon hacia el futuro, ya que, según la ley de quiebras, el concursado debe cumplir con sus compromisos posteriores a la presentación en concurso.

Concesión

A diferencia de Aerolíneas Argentinas, el Correo no es una empresa que se vendió, sino una concesión. Si el gobierno se decidiera a revocar el contrato por haberse presentado en concurso, dentro de la convocatoria sólo quedarían las deudas de la actual sociedad concesionaria con el Estado y otros acreedores. En tanto, los inmuebles y aun los trabajadores que el concesionario recibió de Encotesa volverían al Estado.

Una salida de esa naturaleza obligaría a una transición de administración estatal del Correo para verificar los bienes a transferir a un nuevo concesionario antes de hacer otro llamado a licitación. Pero antes de eso haría falta una decisión política que es difícil que se tome antes de las elecciones, mientras seguramente tratarán de agotarse las instancias para llegar a una rescisión acordada que evite el riesgo de juicios al Estado. En este sentido, el concesionario tiene una demanda en sede judicial por presuntos incumplimientos del contrato, relacionados con asimetrías laborales y competencia desleal. La demanda, que según afirmaciones del Correo ascendería a 700 millones de pesos, no fue todavía cuantificada ante la Justicia.