Por ley, el déficit se deberá reducir en $1.800 millones
La Legislatura bonaerense convirtió en ley ayer a la madrugada el Presupuesto 2002, que incluye un recorte de 1.200 millones de pesos en le gasto. Pero para cerrar ese número, la provincia tendrá que emitir otros 1.400 millones de pesos de patacones, sobre los 1.900 que ya lanzó a la calle (tiene permiso todavía para emitir 100 millones más). El otro dato relevante es que, en papel, la provincia se compromete a reducir en 1.800 millones de pesos el déficit 2002 respecto a los 2.900 que arrojó el rojo del año pasado, lo que implica achicarlo en 63 por ciento . La sanción, pactada entre Solá, la UCR y los intendentes del PJ también da tranquilidad a los municipios: tendrán garantizar un piso de 982 millones de pesos de coparticipación. Al margen se quedarán las comunas con 50 por ciento de los fondos que obtengan por cobrar moras de impuestos provinciales. En cuanto a reforma política, el prespuesto dispone que ningún funcionario podrá cobrar más de 4.500 pesos/mes.
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•Compromiso
Pero, para eso, necesitará endeudar a la provincia en 1.495 millones -los 95 son por préstamos de organismos internacionales para reformas de fondo en el Estado-lo que disparará la deuda bonaerense a casi 10.000 millones de pesos.
Fue necesaria la coincidencia entre el peronismo y la UCR para sacar el proyecto, mientras el frente opositor -una mezcla de aristas, frentistas, polistas y kirchneristasrechazó la ley básica.
•Revalidado
De madrugada, los diputados con el presidente de Osvaldo Mércuri revalidaron lo que un rato antes había votado el Senado que comanda Alejandro Corvatta: un ajuste de 1.200 millones y profusión de patacones.
Hay algunos detalles para anotar:
• Tanto los funcionarios en actividad como los jubilados o retirados, y los legisladores no podrán cobrar más de 4.500 pesos al mes. Anteriormente, el máximo permitido era 6.500 pesos.
• Los funcionarios y legisladores no percibirán durante este año el aguinaldo.
• Quedó congelada la antigüedad para los empleados de la administración pública.
Ninguna de estas tres medidas alcanza al Poder Judicial que, por ley, tiene autarquía lo que establece la intangibilidad de los salarios de jueces y funcionarios judiciales.




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