Por qué ningún ministro se anima a negociar por Kirchner

Néstor Kirchner asumió, en mayo de 2003, el primer escenario era que más de una veintena de empresas ya habían logrado homologar sus juicios contra el Estado en el Banco Mundial y que las sentencias o laudos en contra comenzarían a producirse en diciembre del año pasado. Allí arrancó la estrategia de las dos patas: ganar tiempo con «chicanas», desalentar las presentaciones y en el primer caso que llegaría a audiencia (el de la Transportadora del Gas del Norte), cuestionar la jurisdicción del tribunal, argumentar la situación de emergencia de la Argentina desde 2001 y hasta poner «luz e imprenta» al juicio, o sea pedir que se hiciera bajo la observación periodística. Horacio Rosatti (que representó al país en el primer juicio antes de ser ministro de Justicia) se ufana de haber logrado que el tribunal haya prometido dictar el laudo entre diciembre de este año y marzo de 2005.

Para la estrategia del gobierno se ganó más de un año de plazo. En ese lapso, debieron los funcionarios de los otros ministerios avanzar en la renegociación de los contratos para mejorar el perfil de la posición oficial y pedir, legítimamente, que se retirasen los reclamos en el CIADI. Nada de eso ocurrió. Roberto Lavagna este fin de semana recién pudo describir cuál será el nuevo circuito de renegociación y cuál será el rol del Congreso. Antes planteó retirarse de la comisiónque integra con Julio De Vido por entender que en Infraestructura funcionaba una oficina dedicada a boicotear las renegociaciones. No lo pudo demostrar, pero, por los resultados, parecería que es así.

La realidad, según funcionarios de esos dos ministerios, es otra: la dureza con que el propio presidente encara la renegociación les resta margen a los ministros. Uno de ellos confiesa así ese drama: «Uno exprime a una empresa para que acepte cláusulas durísimas, le lleva el resultado a Néstor y éste estalla: '¡Cómo aceptase eso! ¿Vos para quién trabajás?'». Se cuenta que a uno de los ministros, en ese tono semiserio que usa el Presidente para menoscabar a los suyos,lo llegó a tratar de «traidor».

Esa situación es la que ha bloqueado la posibilidad de que la actitud de ir a los arbitrajes termine dando algún rédito al gobierno, más allá de que incumplir lo firmado podría perjudicar más todavía el perfil externo. Admitir los arbitrajes se justificaba -se quejan ahora los encargados de viajar esta semana rumbo a París como quien va al cadalso-si el resto del gobierno hubiera ayudado con algún avance en la renegociación de los contratos para, en caso de que alguno insistiera ante los arbitrajes, fuera fácilmente descalificado por la Argentina. Y más si el demandante era un socio minoritario de una empresa que seguía funcionando en el país.

Hoy parece más comprometida la posición argentina, algo incomprensible cuando los tribunales arbitrales, de tipo CIADI, se esfuerzan en reforzar su legitimidad. Su aplicación a litigios entre Estados y empresas es reciente y no faltan quienes dicen que deberían limitarse a querellas entre privados porque los países tienen ya otros tribunales. Los arbitrajes de este tipo son vistos como una suerte de privatización de la Justicia internacional que, algunos juristas creen, no debería estar por sobre los tribunales de justicia de cada país. Más aún, el actual gobierno retiró del arbitraje una demanda por impuestos contra el grupo Bulgheroni y anuló el arbitraje en el caso Meller, que le costó la cabeza a media Corte de Justicia. Este tribunal, en respuesta a ese cambio, hizo caer un laudo arbitral con el grupo Cartellone, reflotando una vieja jurisprudencia (caso Sargo) que pone por encima de los juicios privados el sistema constitucional (ver nota aparte).

El gobierno tendrá la oportunidad de decir qué piensa al respecto en las próximas semanas, cuando se trate en el recinto de Diputados un proyecto de ley que refuerza la institución del arbitraje y que puede ampliar el margen para que más acciones pasen a esa especie de nuevo fuero privatizado. Es un proyecto que, silenciosamente, logró dictamen de comisión y lo pergeñaron el actual presidente de la Comisión de Justicia, el duhaldista Carlos Martínez, y su antecesora y hoy procuradora de la Corte provincial, María del Carmen Falbo.