La Cámara de Diputados postergó ayer por una semana la votación del proyecto sindical, apoyado por el kirchnerismo, que establece la eliminación de los topes indemnizatorios para los casos de despidos sin causa. Es una propuesta que lo único que logra es frenar la creación de empleo. Los diputados gremialistas intentaron que se tratara en la sesión después de la iniciativa que crea un régimen de promoción para inversiones en bienes de capital en las pymes, pero el ambiente no era propicio. La oposición venía de uno de los cruces más duros con el oficialismo por el nombramiento de Graciela Camaño como vicepresidenta tercera del cuerpo, lo que obligó a postergar temas conflictivos. No fue un buen día para las empresas en Diputados. Por la mañana, el laboralista Héctor Recalde, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, había reunido allí a representantes de las pequeñas y medianas empresas para discutir, como adelantó este diario, la derogación del Título III de la Ley Pyme que regula un régimen especial laboral en esas empresas. Comprende desde la posibilidad de cerrar convenios por empresas a un sistema especial de preaviso en caso de despidos sin causa.
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Curiosamente no hubo casi oposición de los empresarios a la ley que impulsa el sindicalismo. Pidieron más por alguna compensación que les permitiera justificar su apoyo frente a los asociados de las cámaras de pequeñas y medianas empresas, que por cambios en la iniciativa que dirige Recalde.
Los sindicalistas escucharon precisamente lo que deseaban. Estuvieron allí la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (APyME). En general todos pidieron planes de financiamiento para deudas impositivas e incluso insistieron con otra polémica ley que se lanzó en la Comisión de Legislación del Trabajo y luego se frenó: la que ordena el cierre de comercios los días domingo. Las empresas pidieron que la ley contemple el cierre dominical de los hipermercados y que se excluyera a los pequeños comercios.
Es decir, lo que era un reclamo sindical polémico recibió el apoyo a cambio de beneficios para las pequeñas empresas. Sólo se opuso al proyecto la peronista rebelde Marina Cassese, que no integra esa comisión pero se acopló al debate: «No podemos apoyar que se derogue este capítulo de la Ley Pyme en un momento en que estas empresas luchan por ampliar su capacidad instalada y su producción para contribuir al empleo y a la contención del nivel de precios». A partir de allí el debate giró hacia las señales negativas que dará a los inversores el proceso de modificación de todas las leyes laborales que lleva adelante la Comisión de Legislación del Trabajo. «Nadie entiende que en dos años los trabajadores van a dejar de cobrar el equivalente a 80 días de salario por este impuesto que es la inflación. Hay problemas que resolver: el gobierno tiene que saber que la única ley que no puede derogar por un decreto de necesidad y urgencia es la ley de la oferta y la demanda», protestó la bonaerense.
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