Privatizadas por ahora no trasladan suba en aportes

La mayoría de las empresas privatizadas prometió ayer que no trasladará a los precios al consumidor el aumento de 4% en los aportes previsionales. Al igual que lo sucedido con el impuesto al cheque lanzado por Cavallo apenas asumió, el impacto en las tarifas sería marginal, y en las empresas por ahora, evitarán iniciar una discusión sobre ellas. El criterio predominante en las compañías es el de aguardar a la revisión de tarifas -en la mayoría de los casos, se hace cada cinco años-y compensarla con rebajas por eficiencia que ya están previstas. En las telefónicas, se hará en noviembre, y en las gasíferas, en 2003.

La mayoría de las empresas privatizadas dijo ayer que no trasladará a las tarifas «por el momento» el aumento de 4% en los aportes previsionales. Así como ocurrió con el impuesto al cheque, el impacto sobre las tarifas sería marginal, pero en forma coincidente en las empresas se cree que no es el momento político de iniciar una discusión sobre el tema.

Sin embargo, los números se van guardando y acumulando, porque en ninguna de las leyes -ni la del cheque ni la de los aportes previsionales, esta última con media sanción-se menciona específicamente que la incidencia de esos nuevos tributos no pueda trasladarse a las tarifas de los usuarios o que se eliminan las cláusulas de los contratos de concesión que garantizan, en todos los casos, la estabilidad tributaria.

De este modo, en principio en las compañías privatizadas predomina el criterio de esperar a la revisión de tarifas, que en la mayoría de los casos se hace cada quinquenio, para mostrar el impacto y buscar compensarlo con las rebajas por eficiencia que están previstas en general por períodos quinquenales.

Sensación

En las telefónicas, la aplicación del «price cup» (reducción por mayor eficiencia) se hace anualmente, en noviembre de cada año. En las eléctricas, la primera revisión será el año próximo y en las gasíferas la segunda revisión quinquenal está planteada para 2003.

Con todo, los voceros empresarios aseguran que no todas las empresas tienen enormes ganancias y que dentro del panorama hay algunas que están más afectadas que otras por la morosidad o la reducción del consumo, y por las medidas tomadas por el Estado nacional y por la provincia de Buenos Aires.

Pero de alguna manera trasciende la sensación de que las inversiones podrían demorarse y que en las últimas semanas el criterio es «sentarse sobre la caja», lo que implica en principio desde eliminación de gastos considerados superfluos hasta algún cálculo sobre recorte de los salarios de los trabajadores propios o reducción del número de empleados.

«Desde todos los flancos se ataca el equilibrio de las cuentas», dijo uno de los voceros. «Hay varios aspectos que inciden directamente en el cuadro de resultados», aseguró otro.

Las empresas computan en primer lugar la suba en las tasas para recortar gastos corrientes y demorar inversiones. Dicen que, aun siendo empresas con casas matrices en el exterior, y aunque están lejos de las penurias de las PyMEs, pagan por los créditos un sobrecosto debido al riesgo-país, porque para los bancos lo que se mide es el resultado de la operatoria en la Argentina, si el crédito está dirigido al mercado local. «Además -dijo una de las fuentes consultadas-, en los bancos hay un convencimiento de que la dolarización de las tarifas es hoy un elemento más bien teórico, porque en la práctica nadie cree que, si hoy hubiera devaluación, se permitiría el traslado a tarifas por lo menos en forma total e inmediata.»

Las empresas privatizadas son además proveedores del Estado nacional y como tales sufrirán el recorte previsto para todas las partidas presupuestarias. En este punto, la mayoría cree que el Estado no piensa en reducir el consumo, sino en mantener el mismo gasto pero pagando un porcentaje inferior, según la evolución de la recaudación.

Discusión

Varias de las compañías operan también en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Ruckauf emitirá dos tipos de bonos: uno para proveedores y otro -el Patacón-para pagar parte de los sueldos. Con los bonos, que tendrán una tasa y un plazo de rescate aún no definido, el Estado provincial pagará las facturas por sus propios consumos y espera que las empresas privatizadas los retengan por determinado plazo, todavía no fijado.

Con el Patacón, el gobierno provincial aspira a que los empleados públicos puedan usarlo para pagar los servicios al valor nominal. Pero esta discusión todavía no está terminada: las empresas de servicios públicos reclaman una reglamentación para que sólo los empleados públicos puedan usarlo, de modo que los supermercados, por ejemplo, no aspiren a pagar también los servicios con este papel.

Reclamo

Las empresas le reclaman a Ruckauf que con el Patacón puedan pagar tasas e impuestos provinciales y que, en algún momento, por ejemplo cada tres meses, se haga un balance y se pague en pesos la diferencia. Uno de los argumentos que fundamentan este reclamo es que las empresas percibirán el total de la factura de los empleados públicos bonaerenses en Patacón, pero deberán liquidar el IVA de esas mismas facturas en pesos, ya que el ministro Cavallo dijo que no aceptará los papeles bonaerenses.

Se sabe que varias de las compañías les preguntaron a los entes reguladores si aceptarán que las tasas que se les pagan se afronten con Patacón, pero no esperan respuesta positiva. No obstante, el mayor temor es que el Patacón se extienda a los municipios.

Si se considera sólo los empleados públicos provinciales, se estima que es un conjunto de unas 150.000 personas de La Plata y Gran La Plata, fundamentalmente. Pero la situación sería distinta si el Patacón se extiende a los empleados municipales.

Como los bancos no aceptarán esos papeles, las empresas tendrán que modificar el sistema informático para que en las sucursales se pueda detectar a los empleados públicos, de modo que no haya un mercado paralelo de Patacón.

En medio de todo esto, el aporte para el fondo fiduciario todavía sigue siendo analizado por las empresas, pero la mayoría ya decidió que va a aportar a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 2003 y de 2004. Lo que no definieron es cuánto van a aportar, por lo cual no se sabe si se van a cubrir los 200 millones que faltan para constituir el fondo fiduciario para las provincias de 1.000 millones. Del total, Cavallo tiene asegurados 800 millones, 500 de los bancos, 150 de Repsol-YPF y 150 de Telefónica y Telecom.