Privatizadas: primera audiencia por contratos
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En el caso de Aguas Argentinas, la empresa ya había recibido el martes las resoluciones del ETOSS (Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios). En una se le impone una multa de $ 2 millones por la escasez o falta de agua que sufrieron la semana pasada unos 10.000 usuarios del conurbano bonaerense. En la otra se reseña que el acta acuerdo entre el gobierno y la concesionaria venció el 31 de diciembre, y que, por consiguiente, está vigente el contrato de concesión.
Según algunos trascendidos, el gobierno nacional está particularmente irritado con Aguas Argentinas porque habría hecho alguna presentación ante el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial, después de que el 31 de diciembre venciera el acta acuerdo. Habría, además, todavía una importante distancia entre el modelo de concesión del servicio sanitario que pretende el gobierno y el que defiende la compañía.
Con todo, hoy el ministro De Vido recibirá al titular de Aguas Argentinas y uno de los principales directivos del grupo francés Suez, Yves Thibault de Silguy. El encuentro podría ser decisivo para distender el clima y avanzar en un acuerdo o, por el contrario,continuar estirando las distancias a días del viaje de Néstor Kirchner a Francia, el 22 de enero.
Si bien Aguas Argentinas recibió directamente una multa por los problemas con el servicio de la semana pasada, siendo ésta la primera oportunidad en que no se abre un proceso que permite el descargo de la concesionaria, hasta ayer las empresas eléctricas esperaban ser notificadas de los cargos para poder realizar los descargos.
En particular, Edenor y Edesur objetarían la multa de $ 12 millones por « apartamiento» entre los niveles de inversión y la evolución de la demanda, porque es una sanción no prevista en los contratos de concesión, y que no tiene antecedentes previos.
Con todo, en las privatizadas sigue predominando la idea de que el gobierno está ejerciendo una fuerte presión política con las sanciones, para forzar a firmar acuerdos de renegociación y, sobre todo, lograr que las empresas desistan de las acciones ante el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial.



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