Privilegiaron provincias de laAlianza vía legal ante los recortes de la Nación

Las provincias aliancistas también hicieron frente común -al igual que los del PJ días atrás-para presionar al gobierno nacional en la distribución, sin demoras ni recortes, de los fondos de coparticipación impositiva. El método elegido por los oficialistas es el envío al Congreso nacional de un proyecto de ley que determina la "intangibilidad" de los fondos. Esto quiere decir que por ley se estaría limitando al Poder Ejecutivo a modificar o retener la coparticipación -respetando el piso mensual de $ 1.364 millones-, a la cual se estará protegiendo de la Ley de Déficit Cero ideada por Cavallo y los recortes favorecidos por ésta para equilibrar las arcas oficiales. Los líderes provinciales redactaron el proyecto tras reunirse ayer al mediodía en el Consejo Federal de Inversiones. Allí aseguraron que la iniciativa buscará ser consensuada con sus pares del PJ que, a priori, ya habrían dado el visto bueno. La vía legal es una forma de condicionar a la Nación, pero marca una moderación de las provincias oficialistas, que de esta manera están postergando para después de las elecciones el recurso elegido por el PJ de la demanda judicial. Únicamente el gobernador chaqueño Angel Rozas se mostró más firme en este sentido, advirtiendo que en los próximos días tendrán novedades al respecto.

El gobernador chaqueño Angel Rozas junto al jefe de Gobierno porteño, Anibal Ibarra

Los gobernadores aliancistas moderaron ayer su postura en el reclamo a la Nación por el monto fijo de $ 1.364 millones mensuales de coparticipación federal y decidieron privilegiar la vía legal sobre la judicial. Para esto elaboraron un proyecto de ley que establece la intangibilidad de los fondos provinciales, a la vez que postergaron la presentación de un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia.

De esta manera, los mandatarios aliancistas optaron por un paso inter-medio y más cauteloso que el de sus pares justicialistas, que demandaron judicialmente a la Nación hace una semana por los atrasos de los fondos en cuestión. Aun así, los líderes del oficialismo se decidieron a hacer formal el quiebre con el Ejecutivo Nacional, en especial con el ministro de Economía, Domingo Cavallo (ver aparte), a quien más acusan por la retención de los fondos.

La reunión, que se realizó cerca del mediodía en el séptimo piso del Consejo Federal de Inversiones (CFI), contó con la presencia de los gobernadores de Chaco, Angel Rozas, y de Chubut, José Luis Lizurume; el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Aníbal Ibarra; el interventor de Corrientes, Oscar Aguad; el vice-gobernador de Entre Ríos, Edelmiro Pauletti, y el diputado nacional Raúl Baglini, en representación del gobernador mendocino, Roberto Iglesias. Los gobernadores de Catamarca, Oscar Castillo, y de San Juan, Alfredo Avelín, participaron telefónicamente desde sus respectivas provincias; en tanto, el rionegrino Pablo Verani era el único cuyo consentimiento faltaba en la tarde de ayer. Básicamente, el proyecto de ley elaborado por los mandatarios aliancistas y que será entregado en breve al Congreso Nacional contempla «garantizar la intangibilidad» de la coparticipación federal, los fondos del FONAVI y los planes sociales, para mantenerlos «a salvo» de los recortes motivados por la Ley de Déficit Cero.

La mecánica propuesta es que la Tesorería General de la Nación transfiera diariamente al Banco Nación los recursos suficientes hasta completar la deuda.

La expectativa planteada por el proyecto es que se salde el compromiso antes del 31 de diciembre de este año.

El proyecto de ley plantea incluso que en caso de incumplirse con lo pedido, los funcionarios responsables se harán « pasibles de sanciones de los artículos 248, 249 y correlativos y concordantes del Código Penal», contemplados en el capítulo cuarto, sobre abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos. Este ítem es ciertamente contradictorio, ya que de alguna manera significaría una imposición de medidas más leves que las que hoy existen en la materia, quedando fuera figuras como la retención indebida o malversación de caudales, por ejemplo.

Entre los mandatarios, el que se mostró más enérgico fue Rozas, quien igualmente se encargó de aclarar que la medida legal «no es contra el Presidente ni contra el gobierno, sino en defensa de nuestras provincias».

Asimismo, el chaqueño anticipó que habrá un contacto con los gobernadores justicialistas la semana próxima para consensuar esta iniciativa y que el diputado misionero y coordinador del Frente Federal Solidario (FFS), Ramón Puerta, ya le anticipó su posición favorable.

Con respecto a la posibilidad de presentaciones judiciales de provincias aliancistas, Rozas señaló que sigue firme su postura, en tanto el resto de los distritos del oficialismo aún no se pronunciaron.