Propuesta de la Alianza ante la emergencia económica

Las medidas de política que se proponen están orientadas a atacar dos áreas centrales de la actual coyuntura económica. Primero, eliminar del déficit fiscal del segundo semestre del año. No está en discusión el objetivo de equilibrar las cuentas fiscales, sino determinar cuáles son los sectores económicos que tienen que financiar el ajuste. Esto es, a ese objetivo deben contribuir más los que tienen mayor capacidad y nivel económico. Segundo, y tan importante como el punto anterior, presentar a la sociedad medidas que reactiven la economía a fin de revertir la depresión económica de los últimos tres años.

1.- Medidas orientadas al equilibrio fiscal

Se parte de los siguientes supuestos:

• Se comparte el objetivo del gobierno nacional de eliminar el déficit fiscal de $ 1.500 millones para el segundo semestre del año 2001.

• Para alcanzar este objetivo, el gobierno propone una reducción de las jubilaciones, que bajo el supuesto de una quita de 10% promedio, implica reducir los gastos públicos en el segundo semestre en 730 millones de pesos. El resto del ajuste de 700 millones de pesos recae sobre otros componentes del gasto público; el más importante de ellos es la disminución de sueldos de los empleados del gobierno nacional.

• Consideramos que no puede aceptarse que el peso del ajuste recaiga sobre los jubilados. Ello implica que el supuesto de eliminar el déficit de 1.500 millones de pesos se vea afectado en 730 millones de pesos.

• Consideramos que como resultado del aumento constante de la desocupación laboral, de la exclusión y la marginalidad es fundamental dar respuestas a la aguda crisis social que enfrenta el país. A esos efectos propone un nuevo régimen de seguro de capacitación y reentrenamiento de los jefes de familia desocupados, que se estima en 700.000 jefes de familia (hombres y/o mujeres). Suponemos un programa de 6 meses con un costo mensual de 160 pesos por jefe de familia. Ello implica un mayor requerimiento de financiamiento de 670 millones de pesos. Esta cifra se reduce en alrededor de 100 millones por las personas que ya se encuentran cubiertas por el actual seguro de desempleo. Asimismo, y siempre para el segundo semestre del año, se podrían reducir los planes Trabajar por aproximadamente otros 100 millones.

Por lo tanto, el costo adicional del programa es efectivamente de 470 millones.

• En consecuencia, las propuestas alternativas de la Alianza implican un desfinanciamiento del programa de ajuste fiscal del gobierno de 1.200 millones, desagregados en la siguiente forma:

- eliminación del ajuste sobre los jubilados 730 millones

- nuevo régimen de seguro para jefes de familia desocupados 470 millones

- total 1.200 millones

• Se mantiene el resto de los ajustes por 770 millones de pesos en los otros componentes de gastos. Sin embargo, en lo que concierne a la reducción de las remuneraciones, teniendo en cuenta la supresión del Decreto 430, que alcanzaba a los empleados públicos de más de 1.000 pesos mensuales, dicha reducción debería ser tal que aquellos empleados con salarios inferiores a ese monto tengan una disminución menor que la de aquellos salarios superiores a 1.000 pesos. Proponemos las siguientes medidas para cubrir ese desfinanciamiento.

• Primero, las AFJP deberán realizar un aporte al Tesoro nacional por seis meses, de un cuarto de las comisiones que cobran sobre los aportes jubilatorios. Ello permite un ingreso adicional al gobierno en el segundo semestre de 200 millones de pesos.

• Segundo, Repsol tiene una deuda con el Tesoro nacional en discusión en el área judicial por 100 millones de pesos. Consideramos apropiado que la Secretaría de Defensa de la Competencia aplique el principio jurídico de “olve et repete” sin impedir, obviamente, el recurso legal de la empresa de apelar, si lo considera conveniente, las decisiones hasta llegar a la Corte Superior de Justicia.

• Tercero, se aumenta por un año los aportes patronales del sector servicios (incluida las PyMEs, de acuerdo con la definición de la ley respectiva). Este aumento de aproximadamente 4 puntos permite una recaudación de 500 millones en el segundo semestre del año.

• Cuarto, dada las necesidades financieras, diferir para el ejercicio fiscal 2002 la devolución del Impuesto a las Ganancias ya anunciada. Ello permite una economía de 350 millones en el segundo semestre del año.

• Quinto, suspender la reducción de 10 centavos en el impuesto a la nafta. Ello permite una economía de 200 millones en el segundo semestre.

• En síntesis, el listado de fuentes de financiamiento que propone la Alianza es el siguiente:

1. Aporte excepcional de las AFJP 200 millones

2. Pago de Repsol 100 millones

3. Aumento de aportes patronales 500 millones

4. Diferimiento de la devol. del Imp. a las Ganancias 350 millones

5. Suspensión de la dism. de 10 cent. en la nafta 200 millones

TOTAL 1.350 millones

Además, las empresas privatizadas y las entidades financieras adelantarán el Impuesto a las Ganancias de ejercicios futuros hasta alcanzar una suma de 1.000 millones. Este anticipo no cobrará tasa de interés y sólo lo podrán aplicar al pago del Impuesto a las Ganancias a partir del año 2004.

• En consecuencia, este listado de recursos adicionales por 1.350 millones permite cubrir en exceso el desfinanciamiento estimado en 1.200 millones y, de esta forma, cumplir la reducción del déficit de 1.500 millones estimado por el gobierno para el segundo semestre, sin contar con el mayor financiamiento que significa el anticipo de impuestos sin intereses por 1.000 millones.

2.- Medidas orientadas a reactivar la economía.

El objetivo de reactivar la economía a fin de revertir la recesión económica de los últimos tres años es compartido por todos. A fin de afianzar aun más las medidas que está instrumentando el gobierno, proponemos además:

• Primero, que las empresas privatizadas de servicios públicos de gas, electricidad, teléfonos y agua acepten que por el próximo año los vencimientos de las facturas, hasta un monto determinado, de las familias y PyMEs se paguen, luego de un período inicial de gracia de 30 días, en tres cuotas mensuales con una tasa de interés máxima de 9% anual. Ello permitirá aumentar, en el corto plazo, el ingreso disponible de las familias y, en consecuencia, hacer efectiva una mayor capacidad de gasto.

• Segundo, eliminar la cláusula que autoriza a las empresas privatizadas de servicios públicos a aumentar sus precios en función de la inflación de los Estados Unidos.

• Tercero, como aporte excepcional de los laboratorios, se pide una reducción significativa en el precio de los medicamentos que vendan al PAMI (no menor a 40%) por un período de seis meses.

• Cuarto, cada aportante de las AFJP con un ingreso mensual no mayor de 1.200 pesos mensuales tendrá la opción de que la AFJP le devuelva en efectivo el exceso de capitalización acumulado en relación con lo previsto originalmente. Esta medida aumenta rápidamente el ingreso disponible y significa una mayor capacidad adicional de gasto. Este es el mismo objetivo del pago a los jefes de familia desocupados.

• Quinto, es necesario proteger la industria nacional de los problemas de competitividad, en particular del impacto de la devaluación de la moneda del Brasil observada durante los últimos meses. Por ello, consideramos que es necesario poner en marcha todos los instrumentos disponibles de acuerdo con las facilidades que ofrece la OMC. Asimismo, dentro del marco de negociación del Mercosur, proponer al gobierno de Brasil que como medida excepcional acepte un arancel adicional fluctuante. Dicho arancel estaría determinado por la diferencia entre la cotización del real de 2,20 por dólar y la cotización vigente en el mercado, que últimamente ha variado en torno a 2,45 reales por dólar. En ningún caso, esta tarifa podría superar el arancel externo común. Esta contribución del gobierno de Brasil permitiría un ingreso adicional o prelievo (con la cotización actual) de 10%. Si estimamos las importaciones del Brasil en torno a los 500 millones de dólares mensuales, ello permite, de mantenerse la cotización actual del real, un ingreso adicional de 50 millones mensuales por este arancel de 10%, que, en seis meses, suma un ingreso adicional al Tesoro de 300 millones. Dada la incertidumbre sobre la evolución de la cotización del real, este ingreso adicional no figura en el cálculo de fuentes de financiamiento sintetizado más arriba.