Proveedores bajan precios si el Estado adelanta pagos

Los proveedores del Estado nacional continuarán hoy con su lockout, ante el anuncio del gobierno de un recorte en los pagos en un porcentaje que aún no fue definido. Esto significa que continuará la suspensión total en la entrega de insumos y de servicios a las dependencias públicas.

En principio, las compañías que le venden al Estado estarían dispuestas a aceptar una rebaja en el precio de las facturas si el Estado aplica un esquema de «pronto pago». Esto implica que las distintas reparticiones se comprometerían a pagar mucho antes las facturas para no causar un perjuicio financiero a las prestadoras.

«Con los niveles de tasas que están vigentes en el mercado, demoras de hasta 180 días como tienen algunos hospitales provocan un enorme perjuicio», señaló Jorge Benedetti, presidente de la Unión Argentina de Proveedores del Estado. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que dirige Héctor Rodríguez, presenta un nivel de atraso promedio de 120 días.

Por eso, y ante este retraso que en muchos casos supera los 4 o 5 meses, accederían a reducir el precio de los servicios, siempre y cuando el gobierno se comprometa a liquidar el dinero con mucha mayor celeridad.

Los casos más graves se dan, sobre todo, en los hospitales. El Clínicas está pagando las facturas de diciembre del año pasado y el Posadas presenta atrasos de 180 días.

Pero mientras se aclara la situación, las empresas no entregarán insumos ni proveerán servicios a las distintas reparticiones del Estado. Entre los casos más graves, no se entregarán los alimentos incluidos en los planes sociales ni los insumos básicos que necesitan los hospitales.

El gasto del Estado en concepto de pago de provisiones suma un total de u$s 2.700 millones anuales. De las 2.000 empresas que están agrupadas en la UAPE, unas 1.700 (más de 85%) son PyMEs.

Una de las cuestiones más conflictivas pasa por la prestación de los servicios públicos. De acuerdo con lo que propone el gobierno, la utilización de teléfonos, gas, luz y agua también tendría un recorte cercano a 13%. Pero se estaría provocando una situación particular, en donde el mismo servicio público tiene un costo para el gobierno nacional y otro más elevado para el resto de las empresas e individuos del país.

Otra de las propuestas que manejan los proveedores es que se efectúe una distinción entre las grandes y las chicas. En ese sentido, aceptarían que no se afecte a las empresas más pequeñas que prácticamente no tienen margen para aplicar un ajuste, pero que sí se ajuste a las grandes contratistas.

Periodista: ¿No tendría que existir también un mecanismo más transparente para evitar que los proveedores cobren al Estado valores mucho más altos que al sector privado?

Jorge Bustamante: Nosotros le propusimos al Ministerio de Economía que publique todas y cada una de las licitaciones que realizan las distintas reparticiones públicas. Queremos cerrar todos los caminos que lleven a la corrupción. Pero no es cierto en términos generales que el Estado compre más caro que los privados.

P.: Pero algunos informes indican que el sobreprecio suele ubicarse en 15%. ¿Qué datos manejan?

J.B.: Esos datos no son ciertos. Por ejemplo, en lo que respecta a provisión de alimentos, los precios a los que compra el Estado son incluso más baratos que el de los supermercados.