Provincias enojadas por parálisis de obra pública

El manejo discrecional de los fondos nacionales para obra pública sigue beneficiando notablemente a la provincia del matrimonio Kirchner. Del otro lado, se retacean las partidas a aquellos distritos cuyos gobernadores se oponen a la estrategia oficial en el conflicto con el campo. En ese contexto se dibuja otra realidad vinculada con los anuncios oficiales para construir escuelas, hospitales, caminos y viviendas: pocos planes se concretan y en la actualidad la mayor parte de los trabajos se encuentra paralizada por atrasos en el financiamiento.

El recambio político, el fuerte aumento de los precios y el conflicto con el campo provocaron en los últimos tres meses una parálisis de la obra pública en todo el país, que incluyen viviendas, caminos, hospitales y escuelas inconclusos.

Lejos de la voracidad con la que en 2007 inauguró -y anunció casi al mismo ritmodiversos proyectos atados a la necesidad electoral, en lo que va del año el Estado nacional concretó apenas un puñado de esos planes.

El resto de las promesas se diluye a diario. Y sólo algunas se materializan en tibios permisos de obra que, en general, apenas ejecutado cerca de 20%, naufragan hacia la indefinición a la espera de las partidas prometidas, que no llegan o lo hacen con una demora tal que pone contra las cuerdas a las empresas constructoras. Pero para el gobierno el objetivo está cumplido: abrazó la causa al calor del populismo que acarrea la obra pública en cualquiera de sus representaciones y se aseguró el respaldo político de los gobernadores.

Por otro lado, se observa inmediatamente una significativa reducción interanual -de 11,4% aproximadamente- en los fondos que alcanzan a los programas «Desarrollo de Infraestructura Habitacional - Techo Digno», «Acciones para más Escuela, Mejor Educación» y «La Dirección Nacional de Vialidad», pertenecientes al Ministerio de Planificación Federal.

De todos modos, esta reducción no es homogénea en todas las jurisdicciones del país; en efecto, Santa Cruz parece ser la menos perjudicada por el ajuste fiscal, dado que además de percibir el mayor incremento interanual de erogaciones (+96%) (a diferencia de la mayoría de las jurisdicciones en las que se les reducen las transferencias provenientes de estos programas), recibe la mayor porción de gasto (27%), es la única jurisdicción cuyos fondos ejecutados hasta abril de 2008 superan al crédito vigente, y recibe $2.453 por habitante de los programas seleccionados, superando en un 1.355% ($2.285) al promedio nacional.

Esa maraña se desenreda de la siguiente manera. «En general las obras que licita el gobierno no llegan a culminarse nunca», trazó en diálogo con este diario un representante de la Cámara Argentina de la Construcción, entidad que siempre aparece en las nóminas oficialistas.

El mismo concepto comparte un dirigente de la UOCRA nacional, para quien la situación «está al límite». «El desempleo en nuestro sector aún no se percibe, porque los obreros van de una obra a la otra permanentemente sin que ninguna se termine. Pero esto no es nuevo, es crónico», analizó.

Si bien no alcanzarían los diez dedos de la mano para enumerar los anuncios en materia de obra pública que la presidente Cristina de Kirchner realizó desde que asumió el 10 de diciembre pasado, lo cierto es que ninguno de ellos puede dar certeza de concreción. Ni siquiera el faraónico y emblemático proyecto para la construcción del tren bala, para cuyo financiamiento el gobierno nacional anunció que emitiría un bono por u$s 4 mil millones para respaldar 60% del costo total del polémico ferrocarril.

Así las cosas, el tren bala de los Kirchner tampoco parece estar cerca de concretarse, ya que el Estado y la francesa Alstom que construirá la obra todavía no se pusieron de acuerdo sobre las condiciones finales del contrato. También la inflación se instala aquí como otro de los problemas, debido a las dificultades que enfrentan las autoridades provinciales al encarar un proyecto para el que no tienen asegurado el financiamiento nacional.

La vivienda es una de las demandas más pronunciadas desde el interior, que implica otra de las deficiencias de la era Kirchner con los créditos para inquilinos a la cabeza, que no lograron los resultados esperados.

Es el caso de Catamarca, Tierra del Fuego y casi toda la Patagonia que tiene grandes conflictos por ocupaciones de propiedades fiscales y privadas, por el déficit habitacional.

Frente a esta realidad, la relación entre la UOCRA, representada por Gerardo Martínez, y el gobierno de Cristina de Kirchner, no parece estar exenta de fragilidades, pese a los buenos lazos que tejió la jefa de Estado con ese gremio, habida cuenta de la fortaleza de la actividad en los planes del gobierno.

El malestar gremial por la parálisis de la actividad debido a la disminución y a los retrasos en el flujo de dinero destinado a la construcción pública no escapó a los oídos de la Casa Rosada que, por caso, recientemente debió soportar una extendida huelga -con cortes de ruta incluidosen la provincia de Santa Cruz. Paradójicamente, el distrito al que la Casa Rosada destina el mayor presupuesto en obra pública.

Premios y castigos

La paralización de los proyectos se agravó a partir de marzo pasado, al ritmo de la extendida protesta del agro.

Los alineamientos y las rebeldías de los mandatarios en relación con la postura de la Casa Rosada frente a las estocadas ruralistas derivaron en una política de premios y castigos en materia de distribución de fondos que incluso llegó a superar en algunos casos a la discrecionalidad con la que Néstor Kirchner manejó la obra pública durante su gestión.

Prueba de ello puedan dar aquellos caciques provinciales que se atrevieron a pedir una baja en las retenciones y hasta recibir en sus despachos a los cuatro presidentes de las entidadesdel campo, y que sufren ahora importantes moras en los envíos de recursos -que legítimamente les correspondenpara obra pública.

En ese lote se encuentran el justicialista Juan Schiaretti (Córdoba), el peronista hipercrítico Alberto Rodríguez Saá (San Luis), el socialista Hermes Binner (Santa Fe) y el otrora radical K Eduardo Brizuela del Moral (Catamarca).

En rigor, Rodríguez Saá denuncia discriminación nacional en materia de manejo de obra pública desde los inicios de la era Kirchner, e incluso ya ha llevado esta batalla a los estrados judiciales.

El caso más emblemático quizás, por ello, es el de Córdoba, donde Schiaretti y Cristina de Kirchner intentaban ensayar una relación institucional cordial cuando se coló el campo entre ellos y arrancó, entonces, la escalada de deudas millonarias. En este distrito mediterráneo, el gobierno nacional mantiene atrasos en desembolsos y reintegros para obras viales y para construcción de viviendas correspondientes al Plan Federal I y II por alrededor de $ 200 millones. De ese monto, $ 120 millones corresponden a viviendas y $ 80 millones a obras viales, lo que representa atrasos en partidas por 100% y 50% de los recursos, respectivamente.

Según fuentes locales, se tratade un incumplimiento sin antecedentes en la provincia. Incluso, una mora de tal magnitud ni siquiera se dio en los tiempos en que el radical Fernando de la Rúa ocupaba el sillón presidencial. Como Rodríguez Saá, también Schiaretti amenazó con incursionar la vía judicial. Sin embargo, apuesta a resolverlo primero por la vía política o administrativa.