Quieren aquí juicios de privatizadas

El gobierno dio ayer el primer paso para «nacionalizar» los juicios iniciados por accionistas de empresas privatizadas contra el Estado. Para ello creó por decreto la Unidad de Asistencia para la Defensa Arbitral, presidida por el procurador del Tesoro, Horacio Rosatti, y que estará integrada por representantes de Economía, Planificación y Cancillería. Se busca recuperar la jurisdicción local en esos juicios, que se tramitan ante un tribunal arbitral del Banco Mundial, sumando ya 60 causas por 16.000 millones de dólares. La iniciativa -importante, pero de difícil concreción- busca que se declare la inconstitucionalidad de someter a laudo internacional las controversias sobre inversiones.

El gobierno de Néstor Kirchner anunció ayer que busca «nacionalizar» los juicios iniciados por accionistas de las empresas privatizadas, que son actualmente alrededor de 60 por unos 16 mil millones de dólares. Se intenta así recuperar la potestad de la Justicia local en esos juicios, mientras que ahora se encuentran litigando en el CIADI, tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial, cuyas sentencias son inapelables para los países firmantes del convenio, entre los que se encuentra la Argentina.

El primer paso en la estrategia anunciada por el gobierno fue la creación de una Unidad de Asistencia para la Defensa Arbitral (Unadar), mediante el decreto 965 firmado ayer. La unidad será presidida por el titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, e integrada por representantes de esa dependencia y de los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores y Planificación.

• Objetivo

Según dijo el Procurador, Horacio Rosatti, la unidad tiene como objetivo llevar adelante la defensa del Estado nacional en las causas ya iniciadas y llevar a cabo las negociaciones amistosas previstas en la etapa previa a la presentación de la demanda.

Dijo Rosatti que «se buscará recuperar y/o revisar la jurisdicción local en los juicios iniciados contra el Estado en tribunales arbitrales», y que esa revisión puede ser «previa, concomitante o posterior».

El funcionario añadió que en forma paralela se realizará «un esfuerzo diplomático con los países con los que existen tratados de protección recíproca de las inversiones, para lograr una interpretación distinta en algunos temas», como la jurisdicción en la que deben resolverse controversias sobre inversiones.

Rosatti hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno, convocada y encabezada por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Rosatti también señaló que se trata de una política de Estado que será asumida por el cuerpo de abogados estatales y posiblemente por la Federación de Colegios de Abogados, entidad que opina que «la defensa del patrimonio estatal en juicio constituye un factor estrictamente vinculado con la soberanía».

«Estamos preparando una defensa muy acérrima del Estado frente a los arbitrajes internacionales y del CIADI (Centro Internacional para Arreglos y Diferencias en materia de inversiones), y estos procesos encontrarán a la Argentina ejerciendo una defensa técnica a la altura de las circunstancias», indicó Rosatti. Agregó que la Unidad procurará «por todos los medios» que muchos juicios que salieron «indebidamente» de la jurisdicción local vuelvan a los tribunales nacionales y destacó que los tribunales internacionales deben intervenir cuando se agotan las vías nacionales.

No obstante, el procurador remarcó su confianza en que muchos reclamos se tornen «abstractos» y por lo tanto «caigan» por estar desactualizados, ya que muchos reclamos están fundados en previsiones económicas que no se cumplieron como por ejemplo «un dólar a 7, 8 o 15 pesos».