Quieren fijar tarifa más cara a los beneficiarios directos de obra pública

Por ley le daría hoy el Senado poder amplio al gobierno para aumentos tarifarios a las empresas -principalmente de gas y electricidad y muy circunstancialmente de aguas porque va a sectores muy carenciados- cuando encaren obras públicas, aunque el incremento lo cobra el Estado si la ampliación se hizo con fondos públicos. Tiene la contra de atentar contra la libre iniciativa privada y suponer que la burocracia estatal piensa mejor cuando nunca es así, sobre todo si se proyecta en busca de efecto político. Además, nunca será transparente a cuál beneficiario le aumentan y a cuál no. Del otro lado está la mejora de que el gobierno recuperará así buena parte de los subsidios que hoy otorga para obras aumentando constantemente el gasto público. En un gobierno dirigista como éste suena como mal menor.

Daniel Scioli

El Senado convertirá hoy en ley el proyecto del gobierno que crea una nueva categoría de cargos que deberán pagar las empresas, en principio, para financiar obras de infraestructura en el mercado energético. La nueva ley faculta al Poder Ejecutivo a fijar un cargo que se liquidará junto con la factura de los servicios de electricidad y gas, que deberán pagar las empresas y los grandes comercios para la construcción de obras de generación y transporte. Toda esa recaudación se destinará a un fondo fiduciario que estará encargado de financiar las obras. Tiene el sistema dos aspectos contradictorios: en principio la carga para la construcción de las obras será soportada por los que están en mejor condición de hacerlo, como las grandes empresas, pero al mismo tiempo puede interpretarse como un aumento de tarifas encubierto.

El proyecto fue enviado al Congreso seis meses antes que Roberto Lavagna dejara el Ministerio de Economía y desde ese momento despertó rechazo tanto en la oposición como en algunos diputados del oficialismo. Por eso los meses de demora en votarlo en Diputados.

Nunca se aceptó que el proyecto delegara en el gobierno la decisión sobre qué obras de infraestructura se realizarán, el plazo de las mismas o, incluso, el monto de los cargos que deberá pagar cada empresa y por cuánto tiempo.

Extensión

Por eso se especifica que será el Poder Ejecutivo el que fijará «el valor de los cargos específicos y a ajustarlos, en la medida que resulte necesario, a fin de atender el repago de las inversiones y cualquier otra erogación que se devengue con motivo de la ejecución de las obras». Pero, además, la iniciativa prevé que en el futuro el gobierno pueda extender el pago de estos cargos extra a usuarios domiciliarios, aunque se afirma que en principio no se analiza esa posibilidad.

El pago de los cargos comenzará a aparecer en las facturas de luz y gas de las empresas -con un valor fijado por el gobierno que variará de acuerdo al emprendimiento que se trate-una vez iniciadas las obras o cuando los usuarios comiencen a recibir sus beneficios, también según determine el Poder Ejecutivo.

El radicalismo, por ejemplo, adelantó ayer que insistirácon su oposición al proyecto. La UCR, liderada en el Senado por el mendocino Ernesto Sanz, afirma que «es un aumento encubierto de tarifas». No están de acuerdo, tampoco, con la creación del fondo fiduciario especial: «no habrá control presupuestario de las obras, es un manejo perverso de los fondos», dice Sanz.

Pero más allá de toda crítica, Daniel Scioli informó anoche que hoy a las 15 comenzará la sesión que tiene como primer punto la votación de la ley que crea los cargos específicos. El proyecto ya fue votado en Diputados y en el Senado el Frente para la Victoria rechazó todos los pedidos de modificación que presentó la oposición. Por lo tanto hoy se convertirá en ley.

También ayer avanzó en el Senado, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el dictamen a favor de ratificar el decreto de necesidad y urgencia por el que se crea AySA, la sociedad anónima estatal que reemplaza a Aguas Argentinas. El peronista chaqueño Jorge Capitanich rechazó también en este caso todas las críticas de la oposición por la forma en que se creó la empresa o, como sostuvo Adolfo Rodríguez Saá, para que se hagan cargo de la inversión la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, beneficiarias del servicio.