Quieren plan Duhalde para estatizar 70% el aporte jubilatorio

El ministro Lavagna impulsa una reforma previsional basada en el proyecto diseñado en el gobierno duhaldista. Tiene como objetivo prioritario capturar 70% de la recaudación que hoy va a las AFJP. Para ello aspira a que todos los trabajadores destinen 60% de su aporte personal a un fondo administrado por el Estado, que decidirá discrecionalmente dónde invertirlo. Históricamente dinero que administró el Estado, dinero que no se devolvió. De prosperar la iniciativa, Lavagna tendrá $ 3.700 millones anuales más para gasto. Los futuros jubilados perderán más de un tercio de sus haberes.

El proyecto de reforma previsional sobre el que deberá decidir el presidente Kirchner no es otro que el pergeñado durante la gestión de Duhalde (Libro Blanco), al cual le han aplicado un mayor énfasis estatista por imperio del ministro Lavagna.

Así se desprende del último memorándum de entendimiento, de mediados de noviembre, suscripto por los equipos técnicos del Palacio de Hacienda y del Ministerio de Trabajo, que elaboran los criterios generales de la reforma jubilatoria.

Del documento, al que accedió este diario (que en realidad no es otra cosa que el Libro Blanco pero con otra distribución del dinero de los trabajadores entre la jubilación estatal y privada), queda claro que en el tema financiero la opinión de Economía fue prioritaria y en los aspectos prestacionales lo fue la de la cartera laboral.

Si bien aún no hay un consenso pleno entre ambos ministros sobre los lineamientos generales, sobre todo porque no está clara ni la sustentabilidad fiscal, ni la económica, ni la financiera del proyecto, resulta insoslayable que Lavagna aspira a cumplir con su anhelo de quedarse con la mayor parte de la recaudación de la jubilación privada.

Lavagna siempre quiso recuperar esos fondos para las arcas fiscales pero algunos funcionarios, como el jefe de Gabinete, lo frenaban alertando sobre los perjuicios de reestatizar la jubilación privada. Sin embargo, el titular de Hacienda obsesivamente quiere ese dinero para asegurarse esa fuente de financiamiento.

Lo cierto es que el último documento de los equipos técnicos de Economía y Trabajo apunta a:

• Crear una gigantesca AFJP comandada por el Estado bajo la forma de un fondo público al que aportarán todos los trabajadores. Harán un aporte de 6,6% de su salario. El fondo será administrado por el Estado bajo un esquema de capitalización, con cuentas individuales y nominativas. El Estado garantizará una rentabilidad mínima. Pero invertirá con diferentes criterios que las AFJP.

La recaudación estimada ascendería a cerca de 3.700 millones de pesos anuales. Los aportes personales acumulados tendrán un ajuste anual vía CVS, o por ejemplo CER más tasa.

• Otro 3,4% del salario del trabajador irá a la AFJP que cada uno elija. Se modificará el esquema de comisiones de las AFJP: será mixto, habrá comisiones sobre el flujo de aportes para cubrir costos operativos hasta un nivel máximo de 0,5% de los salarios, y otras comisiones porcentuales sobre la rentabilidad generada a favor del aportante. Esto último será para los capitales que comiencen a capitalizarse tras la reforma.

• El resto de 11% del aporte personal del trabajador, es decir 1%, irá también para el Estado, que con esos recursos financiará las coberturas de fallecimiento e invalideces (para ello contratará el seguro de vida e invalidez o bien se autoasegurará). El seguro tendrá que cubrir el faltante de aportes hasta cumplir los 30 años al nivel de remuneración similar al momento de fallecer o invalidarse.

• La ANSeS tendrá a cargo la registración de las cuentas individuales del fondo público y otorgará las prestaciones del régimen público.

• En cuanto a la contribución patronal, no han definido si mantendrán el nivel actual promedio de 10,8% o lo aumentarán a 12%. Lo que sí se definió es la eliminación gradual del tope de $ 4.800 para el cálculo de la contribución patronal a partir del 1 de enero de 2004, independientemente de la reforma.

• El fondo público no se consolidará en el sector público nacional no financiero, sino que operará en el Presupuesto nacional «por debajo de la línea». Es decir que no genera compromisos de pagos futuros.

• No habrá traspaso de afiliados entre la jubilación estatal y la privada, para así terminar con el eterno debate y evitar una volatilidad creciente en ambos regímenes. Todos los trabajadores aportarán al Estado y a una AFJP.

• Todos los aportes, tanto al Estado como a la AFJP, serán obligatorios.