Tres temas frenan todavía el envío del proyecto que deroga parcialmente la reforma laboral y modifica el régimen actual: la extensión del período de prueba, la incidencia de la reforma sobre las indemnizaciones y el tiempo del preaviso por despido. Con un borrador del proyecto ya listo, Carlos Tomada debió postergar la discusión del tema con Néstor Kirchner hasta la vuelta del viaje a Madrid. Mientras tanto el gobierno sigue haciendo equilibrio entre el proyecto tal como está, y que puede producir suba de costos laborales para las empresas, la presión de Hugo Moyano con proyecto propio y los «gordos» de la CGT que siguen pidiendo cambios, a pesar del aparente acuerdo alcanzado.
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Desde el Congreso la posición es acuerdista pero con condicionamientos. Hasta ahora nadie vio ni un borrador definitivo del proyecto y tanto Eduardo Camaño como José María Díaz Bancalari le han dicho al gobierno que necesitan letra clara para bajar la idea al bloque oficialista. Hasta Roberto Lavagna les dijo a todos hace una semana que él mismo no había visto ningún borrador.
Los legisladores solo tienen en firme algo: sea cual fuere el proyecto deberá contener una señal contundente de que se deroga lo votado durante el gobierno de Fernando de la Rúa para empezar a hablar luego de qué reformas se mantienen. Es decir, antes que nada un poco de ruido para calmar al bloque si se quiere comenzar a tratar el tema en febrero. Y en el gobierno algunos quieren que ese ruido no sea mucho más que la devolución a los sindicatos de la ultraactividad absoluta de los convenios colectivos y preminencia del convenio superior sobre el firmado con la empresa, región o entidad menor.
•Convencimiento
Es claro que en el gobierno, mas allá del alza en los costos laborales, están convencidos de que no pueden volver marcha atrás con la reforma laboral completa, pero se enfrentan a la realidad de Hugo Moyano y su abogado Héctor Recalde jugando el partido desde afuera con la libertad que eso significa para atacar al ministro de Trabajo y al Presidente.
En la mesa de negociación oficial, donde se han sentado la CGT oficial, la CTA y algunos empresarios, se sigue discutiendo entre incluir una reforma al régimen de indemnizaciones, que iría incluso mas allá de lo que establecía la ley antes de la reforma de De la Rúa al colocar un piso sin tope para los trabajadores con antigüedad no menor a tres meses y eliminando el tope de tres veces el promedio de las remuneraciones del convenio colectivo aplicable para los excluidos, o dejar la situación tal como rige en la actualidad. En este punto tampoco se consiguió generar consensos, sobre todo porque el gobierno no quiere modificar este punto.
También se discute el plazo del período de prueba. En el Ministerio de Trabajo, si bien consta en uno de los borradores en estudio, no existe total acuerdo en volver al régimen anterior, como pide la CGT. Esto significaría pasar nuevamente a un período de prueba máximo de tres meses, para empresas de 40 trabajadores que hasta ahora contaban con seis meses, lo que sumado al aumento en las indemnizaciones para empleados con ese plazo trabajado, complica la negociación con las empresas.
Hoy el radicalismo tratará el tema en una reunión de los jefes de bloque del Senado y Diputados con el comité nacional partidario. La idea es unificar posiciones entre las dos cámaras y pedir al gobierno que, al menos, les muestre las ideas centrales de la derogación de la reforma laboral, antes de comprometerse con una fecha tentativa de tratamiento en el recinto.
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