Renuevan pacto para frenar las ejecuciones

Las cámaras bancarias se comprometieron ante el gobierno a no avanzar con los remates hipotecarios, pese a que hoy vence la prórroga de 30 días que las entidades habían definido en forma voluntaria para suspender ejecuciones. Aunque esta vez no habrá declaraciones formales al respecto, en distintos contactos mantenidos ayer entre el jefe de gabinete, Alberto Fernández, las tres cámaras que agrupan a los bancos aseguraron que no tomarán medidas hasta que el Congreso trate el proyecto que le otorga un subsidio especial a los deudores hipotecarios.

En este marco, el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, prometió ayer en un encuentro con una deudora hipotecaria, Rosa Morales, que se «suspenderán los remates» y, de acuerdo a la información surgida en Casa de Gobierno, instruyó a Fernández para avanzar en esta dirección. La idea es acelerar el tratamiento del proyecto que rescata a los deudores bancarios que podrían sufrir el remate de sus viviendas.

De acuerdo al último texto que analizó la jefatura de Gabinete, el subsidió será más flexible ya que abarcará a las deudas que entraron en mora desde enero de 2001, cuando el texto inicial partía de 2002. Este cambio hará que se beneficien del subsidio especial unas 20.000 personas, cifra superior a las 13.000 que se habían calculado inicialmente.

•Indefinición

Además, aún estaba en discusión en el gobierno si finalmente se abarcarían las deudas de hasta $ 80.000 o se extendía hasta $ 100.000. Y aún quedaba en duda si se mantendría el límite máximo de 100 metros cuadrados del inmueble para acceder al plan, una cuestión que incluyó el proyecto elaborado por la Secretaría de Coordinación Económica y que ya está bajo análisis de Presidencia. «Se trata de un concepto totalmente arbitrario que no estamos dispuestos a sostener», explicaron los legisladores que están negociando con el gobierno.

Altas fuentes del Palacio de Hacienda señalaron que el costo total del subsidio «podría superar los 400 millones de pesos, aunque todavía es imposible hacer los números finales», manifestaron.

El proyecto establece que el Fondo Fiduciario para la Reestructuración de Empresas, que funciona en la órbita del Ministerio de Economía, pagará a los bancos las cuotas adeudadas por cada cliente y luego seguirá cumpliendo con los pagos mensuales correspondientes. Un dato clave es que los bancos renunciarán al cobro de intereses resarcitorios y a los punitorios por los atrasos acumulados durante el período de la mora. Al mismo tiempo, el Estado le refinanciará la deuda a los morosos en condiciones mucho más benévolas. Incluirá estiramiento en los plazos de pago, reducción de la tasa de interés y, probablemente, un período de gracia (llegaría a un año) para que comiencen a pagar. «La idea es darles una nueva oportunidad a los que demuestran voluntad de pago, pero sufrieron los efectos de la crisis económica», explican en el Palacio de Hacienda.

Una situación más compleja es la que tienen los deudores privados, porque es mucho más difícil comprobar si efectivamente entraron en mora a partir de enero de 2001 o el incumplimiento es anterior.