Luego de tres años en alza, los pedidos de residencias fiscales de argentinos en Uruguay cayeron un 42% en 2022. El año pasado se tramitaron 7.209 frente a las 12.489 que se gestionaron en 2021. Meses atrás, este medio dio a conocer que la AFIP detectó una serie de irregularidades en grandes contribuyentes que habían solicitado el cambio pero no habían efectuado ninguna mudanza. El organismo recaudador también acelera controles en el trámite de recupero de IVA por exportación y la reducción de anticipos del impuesto a las Ganancias.
Residencias fiscales de argentinos en Uruguay cayeron 42% en 2022
Luego de tres años en alza, mermó el apetito por el país vecino. La AFIP sigue de cerca a grandes contribuyentes y suma controles en el IVA y el impuesto a las ganancias.
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En un año en que tiene comprometido con el Fondo Monetario Internacional una nueva reducción del déficit fiscal, el Gobierno busca mejorar la recaudación tributaria. Según explican fuentes oficiales, la estrategia apunta a "pescar fuera de la pecera". Es decir, ir por aquellos contribuyentes que hoy no están pagando o al menos no en función de lo que deberían hacerlo.
En octubre del año pasado, Ámbito reveló que la AFIP puso bajo la lupa a grandes contribuyentes que cambiaron su residencia fiscal al país vecino simulando una mudanza. En ese momento, se enviaron notificaciones advirtiendo la situación y se reforzaron los controles. El organismo que conduce Carlos Castagneto buscó entonces detectar las infracciones pero también “generar percepción de riesgo”.
Según los datos oficiales a los que tuvo acceso este diario, en 2022 los pedidos de residencias fiscales de argentinos en Uruguay cayeron un 42% de forma interanual. Pasaron de 12.489 en 2021 a 7.209 el año pasado. Si bien es cierto que con la sanción de la ley del “aporte solidario” se aceleró la búsqueda de mudanzas fiscales, el dato de 2022 corta con una racha de 3 años al alza.
En palabras de altos funcionarios, el caso de Uruguay es relevante porque hace años puso en marcha “una campaña de seducción para atraer contribuyentes con un beneficio muy agresivo dirigido a quienes muden su residencia fiscal”. En el Gobierno consideran que esta situación dio lugar a “planificaciones fiscales arriesgadas” ya que en más de un caso la pérdida de la condición de residentes no es más que una situación simulada para acceder a los beneficios.
“Muchas veces, los contribuyentes llevaban un estricto control de la cantidad de días que pasaban en el país, para dar la imagen de tener una mayor presencia en Uruguay que en Argentina; pero lo cierto es que la AFIP detectó que estos sujetos en realidad no permanecían en Uruguay, sino que desde allí, tras una corta estadía de incluso pocas horas, partían hacia un tercer país donde realmente permanecían”, contaron desde despachos gubernamentales a Ámbito.
Aceleran controles en recupero de IVA y anticipos de ganancias
La Dirección General Impositiva también puso el foco en una serie de beneficios que durante la gestión 2015-2019 se convirtieron en “trámites de resolución automática”. Se trata del recupero del IVA por exportación y la reducción de anticipos en el impuesto a las ganancias que pueden solicitar los contribuyentes cuando estiman resultados inferiores en el próximo ejercicio.
Luego de una intensificación en los controles se detectaron una serie de maniobras que perjudicaban la recaudación en unos $1.200 millones. La Subdirección General de Grandes Contribuyentes Nacionales dio cuenta de que un consorcio que alberga a importantes firmas facturaba las expensas con el IVA discriminado. De este modo generaban artificialmente un crédito fiscal que los consorcistas luego imputaron en sus liquidaciones mensuales disminuyendo el saldo a pagar, o bien lo recuperaban a través del mencionado beneficio.
En el marco de la investigación y la acción para desbaratar esta maniobra la DGI se focalizó en un grupo de diez grandes empresas . Una importante petrolera multinacional fue denunciada penalmente a fines del año pasado, acusada de “aprovechamiento indebido de beneficios fiscales”. Otras tres compañías rectificaron sus declaraciones juradas y regularizaron la situación. El resto están siendo citadas en estas horas.
En relación a la reducción de anticipos, por segundo año consecutivo se registró una disminución en la cantidad de solicitudes y un incremento en los desistimientos de los pedidos presentados, que en 2022 cayeron un 40% y entre las personas humanas en más de un 60%. Según explican en el organismo recaudador, estos controles permitieron asegurar una recaudación de $32.700 millones.
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