Las inmobiliarias, los inversores que reciban rentas de $ 8.000 mensuales a $ 96.000 anuales y los que tengan 5 o más propiedades en alquiler están obligados desde ayer y hasta el 16 de marzo a inscribirse en el nuevo registro creado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, con el objetivo de transparentar las operaciones del sector.
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Así lo indica la Resolución General 2168 de la AFIP, que despierta incertidumbre en la mayoría de los especialistas consultados por este diario por el temor a perder inversores, tanto por los mayores costos que probablemente genere, como por la mayor burocracia y las dudas sobre cómo se manejará la información de los inversores.
Si no se cumple con la inscripción, no se podrán realizar los trámites de futuras transacciones y se aplicarán multas.
Segunda etapa
Igualmente, como indicaron los expertos, ésta será una segunda etapa de la medida que aún no ha sido totalmente reglamentada por la AFIP. Lo que tampoco se sabe es qué va a suceder con la gente que no entra en estas categorías y que más adelante quiera vender su propiedad por su cuenta.
«Está todo en veremos, es todo muy nuevo», dijo Roberto Ledo, uno de los directores ejecutivos de la inmobiliaria Bullrich. Esto quiere decir que todavía es temprano para hacer apreciaciones sobre el futuro de esta nueva medida. En ese sentido, Hugo Mennella, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), dijo que «recién dentro de dos meses tendremos novedades», una vez que efectivamente la nueva modalidad haya probado su eficacia.
Otro hecho que muestra la falta de precisiones de la nueva norma está en que varias inmobiliarias consultadas por este diario prefirieron abstenerse de opinar «por no tener información suficiente».
José Rozados, de la consultora Reporte Inmobiliario, explicó a este medio que «lo más grave de la medida es la incertidumbre que crea sobre la manera en la que se va a cruzar la información de la gente». Y esto sucede porque ahora se deberá completar un formulario con los valores de los inmueblesque se tomen para la venta y los datos del vendedor. En ese sentido, Guillermo Rivanera, vicepresidente de Tizado Propiedades, se animó a decir que «la medida es inconstitucional teniendo en cuenta que existen leyes nacionales que protegen ese tipo de información».
«A esto se suma la incertidumbre por mayores costos, por mayor burocracia y por dilaciones en el tiempo de concreción de las operaciones», terminó explicando Rozados.
Temor
Por su parte, Mennella destaca el miedo a cómo reaccione la gente: «Puede caer la demanda cuando no hay reglas claras y cuando hay mucha presión impositiva de golpe», señaló. Además, «los inversores se pueden pasar a otros mercados como el bursátil, el plazo fijo, las divisas». Esto afectaría a los alquileres porque al retirarse inversores los precios podrían aumentar.
Otra consecuencia de la norma es que más gente va a ingresar en bienes personales porque ahora las propiedades se van a escriturar a valores más cercanos al precio de mercado, que es lo que reclama la AFIP.
Ante estas preocupaciones, los especialistas ofrecieron alternativas diferentes de la idea del organismo recaudador para lograr transparencia en el mercado inmobiliario. Desde la CIA se plantea levantar las valuaciones fiscales y bajar la alícuota que se cobra, idea a la que se suma Bullrich Propiedades. Por otro lado, José Rozados explicó que «la AFIP tiene todos los elementos para evitar que la gente haga dinero en forma ilegal. No es bueno sumar más burocracia, con las normas existentes bien utilizadas ya se puede lograr más transparencia».
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