Rigen subas en gas y luz que frenaría la Justicia

Los aumentos afectan a las tarifas de gas y electricidad, según un decreto de necesidad y urgencia que se publicaría hoy en el Boletín Oficial. Pero hay fuerte escepticismo en las empresas privatizadas sobre la vigencia del decreto. Se cree que la Justicia podría pararlo en pocos días porque la norma vulnera la Ley de Emergencia Pública.

Según está anunciado, se publicará hoy en el Boletín Oficial, el decreto de necesidad y urgencia que autoriza aumentos en las tarifas de gas y electricidad a partir de este mes, pero se cree que la Justicia podría suspenderlo esta misma semana a pedido de la defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, y de entidades de consumidores.

El decreto autoriza una suba promedio-país para consumidores residenciales de gas de 7,2%, lo que implica que los que menos consumen (según una franja variable por zona del país) no tendrán suba, y el resto de los domicilios tendrá un ajuste -siempre en términos promedio- de $ 1,47 incluyendo impuestos.

Para la industria habrá aumentos de gas de hasta 15% en las distintas subzonas tarifarias en que se divide el país, mientras el GNC aumentará, de acuerdo al lugar geográfico entre 19 y 23%. Según el Enargas, como las estaciones no están cumpliendo, sobre todo en el interior del país, con el precio máximo de $ 0,36, el aumento no debería notarse en los surtidores, porque el precio pasará a ser de $ 0,40.

• Precios

Sobre el GNC, las distribuidoras de gas y las petroleras están vendiendo al precio indicado por Energía, y también lo hacen las estaciones propias de las compañías. Sin embargo, en las estaciones de terceros, el GNC se comercializa en algunas provincias a $ 0,50 el metro cúbico.

Esto se atribuye a que la Secretaría de Energía no convalidó el precio máximo de $ 0,36 desde 1997, y en las estaciones interpretaron que el valor estaba desregulado, cuando en realidad no lo está. El viernes, la Secretaría de Defensa de la Competencia ya sancionó a estaciones de servicio de Rosario, y se anticipan nuevas medidas en otras provincias.

En el caso de la electricidad, el ajuste de tarifas está menos claro. El gobierno habla de 9% promedio para todos los usuarios de Edenor, Edesur y Edelap, las únicas distribuidoras que están bajo jurisdicción del Estado nacional. Como el promedio exceptúa a los que consumen menos de 300 kilovatios por bimestre, las subas reales serían de 11% a residenciales y hasta 16% para comercios e industrias.

Además de esto, rige una suba en las tarifas eléctricas de todo el país en la parte que corresponde a la transmisión eléctrica, que también depende del Estado nacional. Esto derivaría en una suba de 3 a 5% en las tarifas del interior del país, salvo que se trate de una empresa de un estado provincial que quiera asumir el costo, lo que en realidad parece poco posible en este momento.

De todas formas, las empresas privatizadas y aun los funcionarios oficiales son escépticos sobre la aplicación de los aumentos. La defensora del pueblo de la Ciudad, Alicia Oliveira, confirmó ayer que se presentará nuevamente en la Justicia, una vez que analice el decreto que aparecerá en el Boletín Oficial.

Por las presentaciones de Oliveira, en conjunto con entidades de consumidores, la Justicia dictó dos medidas cautelares: la primera suspendió las audiencias públicas convocadas para luz, gas, agua y peajes por la comisión renegociadora de los contratos; la segunda suspendió las audiencias convocadas por los entes de electricidad y gas en función de las leyes de esas actividades que prevén aumentos por causas objetivas o imprevistas.

• Renegociación

En ambos casos, la Justicia en primera instancia, sostuvo que las audiencias con la intención de debatir tarifas, violan la ley de emergencia pública, que no prevé aumentos de emergencia, sino la renegociación integral de los contratos.

La jueza Claudia Rodríguez de Vidal que tomó esas medidas fue recusada por el Estado nacional y está apartada del proceso hasta que la Cámara decida sobre la recusación. En su lugar, fue nombrada la jueza Clara Do Pico, pero no se sabe si la nueva presentación de Oliveira será una continuación de las anteriores o si, por tratarse de un decreto, deberá iniciar un proceso nuevo, con lo cual habrá sorteo de nuevo juez.

Aunque Oliveira representa a los usuarios de la Capital Federal, si un juez federal suspende el decreto, la suspensión regiría en todo el país, a menos que hubiera fallos contrapuestos de otros jueces federales, como ocurrió en el conflicto judicial por el rebalanceo de las tarifas telefónicas.

El gobierno no parece tampoco poder contar con la presentación de un recurso ante la Corte Suprema invocando «emergencia». Según una declaración reciente del defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, el dictado de un decreto vulnera lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución nacional (participación de los usuarios) y las leyes de emergencia pública y las de marco regulatorio de gas y electricidad.

Algunos funcionarios afirman que puede argumentarse ante la Corte que fue la misma Justicia la que impidió hacer las audiencias que cumplieran con la obligación constitucional. Desde la óptica opuesta, Oliveira afirmó que «no se puede declarar emergencia por decreto, violando la ley que declara la emergencia».