Saldrá por decreto canje de deuda con las AFJP por u$s 3.000 millones

Finalmente saldría por decreto de necesidad y urgencia el canje patriótico de bonos que impulsa el gobierno para las AFJP. En una reunión mantenida ayer con bancos se avanzó en la transacción que habilitaría el cambio de bonos de los fondos de pensión que pagan un interés de hasta 25% por uno nuevo de 8% anual. Para evitar juicios de afiliados contra las AFJP es el decreto presidencial que además contiene un elemento no menos importante: compromete a que las AFJP financien a 8% anual también al Estado en los próximos meses. Paralelamente surgió ayer una novedad con los títulos de deuda. Un fiscal está investigando en una provincia del Norte por qué se detectaron dos ejemplares del mismo bono con la misma numeración e idéntica factura. Es decir, títulos gemelos. Nadie sabe todavía las razones de esa malversación ni tampoco su monto.

El gobierno ya comenzó a redactar un decreto de necesidad y urgencia para que las AFJP realicen el canje patriótico de los bonos Pagaré que tienen en cartera por nuevos títulos que tendrán un rendimiento sensiblemente inferior. Al mismo tiempo, se está en negociación con los bancos para que también acepten el canje de los bonos Pagaré que tienen en su poder, pero, a diferencia de lo que sucede con las AFJP, se está lejos de lograr un acuerdo en esta transacción.

La cifra de este canje patriótico podría llegar a los u$s 5.500 millones si eventualmente se acuerda con los bancos. Si ello no sucede, las AFJP aportarán los u$s 3.000 millones de esos títulos que tienen en cartera a través de distintos fideicomisos financieros.

Hay un elemento clave respecto de lo anticipado ayer por este diario: no sólo las AFJP canjearían esos títulos que ya poseen en cartera por uno nuevo a 8% anual, sino que además, con lo que mensualmente reciben de aportes (son $ 250 millones, pero 50% sólo puede volcar en títulos), financiarán al gobierno también a 8% anual.

Para cerrar el círculo, se enviará al Congreso una suerte de «miniley» de crédito público. En ella se dispondrá que la nueva emisión de bonos del gobierno tenga la garantía la recaudación del impuesto al cheque. Como son los propios bancos los que actúan como agentes de recaudación, no quedaría ninguna duda sobre la disponibilidad de la garantía en caso de ser necesaria.

El Ministerio de Economía decidió incluir exclusivamente los bono Pagaré en principio en estas operaciones. Se trata de papeles que están pagando tasas superiores a 22% anual. Como ajustan mensualmente según la encuesta de depósitos mayoristas (Badlar), con el correr de los meses el costo de estos títulos se fue incrementando notoriamente para el Estado.

No entrarán en esta operación, en cambio, otros títulos públicos, ya que -según interpretan en Economía- tienen tasas más razonables. El FRB, por ejemplo, tiene un cupón de intereses de 3% anual; el Global 2008, de 7% anual (en los primeros años, luego crece); mientras que los bonos 2018 y 2031 capitalizan intereses los tres primeros años, con lo cual no generan erogaciones en lo inmediato para el Estado.

• Estimación

El ahorro de intereses a pagar en 2002 por la operación con las AFJP se estima en unos u$s 700 millones. Los bonos Pagaré están empaquetados en fideicomisos financieros que tienen las administradoras, denominados Radares, Hexagon y Celtic.

Si los bancos finalmente también entran en la operación, el impacto a favor de las cuentas del Estado podría ascender a, por lo menos, u$s 1.200 millones.

La decisión de no incluir más bonos se tomó para evitar cometer el mismo error que en el megacanje de mayo. Se trató de una operación multimillonaria, pero que no consiguió el alargamiento de plazos ni el ahorro de intereses esperado, considerando que se movilizaron u$s 30.000 millones.

El decreto que ya está redactando el gobierno -y que podría estar listo sobre fines de esta semana y principios de la que viene- deslindará la responsabilidad de las AFJP por comprar títulos del Estado a tasas muy inferiores que las vigentes a precios de mercado.

Para los fondos de pensión habrá nuevos títulos garantizados de por lo menos diez años de plazo (podría llegar a 30 años). Lo que ofrece el Ministerio de Economía a los bancos es una estructura de préstamo sindicado, sin cotización en mercados a cambio de los bonos Pagaré, y que contemple la garantía de la recaudación impositiva.

Al mismo tiempo, también están en pleno desarrollo las negociaciones de los bancos con las provincias para reducir sustancialmente el costo del financiamiento de deuda que deben soportar los distritos. El monto de la deuda en juego en este caso es de u$s 10.000 millones, entre los u$s 7.500 millones otorgados directamente por las instituciones y otros u$s 2.500 millones a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. El ahorro estimado en el equipo económico para las provincias ascendería a u$s 1.000 millones.

Las entidades accedieron a negociar las condiciones de todo el stock de la deuda provincial, que representa casi 50% del total de u$s 22.000 millones. Los bancos más involucrados en el financiamiento provincial son tres: Galicia, Río y el BBVA Francés. Ellos accedieron a barajar y dar de nuevo. Por lo tanto, accederán a prestarles a las provincias a tasas que oscilarán entre 15 y 17% anual. Así, cortarán los créditos a 35 o 40% que se estaban negociando con algunas provincias. En este caso, no habría -en principio- garantías adicionales a la ya vigente coparticipación federal de impuestos.