Se demora envío al Congreso de cambios en jubilaciones
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Sergio Massa y Juan González Gaviola.
En medio de la falta de información que impone esa parálisis legislativa algunos senadores no llegaron a saber que la Jefatura de Gabinete en realidad sólo había girado la notificación de forma del dictado del decreto de Néstor Kirchner que prorrogó hasta el próximo 31 de diciembre la reducción del aporte jubilatorio a 7 por ciento.
Del proyecto, entonces, nada se sabe aún en el Congreso, a pesar de que Alberto Fernández insistiera durante el fin de semana que «va a tener máxima prioridad en las sesiones extraordinarias». El gobierno, inclusive, estima que el tratamiento se haría en Diputados en la sesión del próximo 14 de febrero y una semana después en el Senado.
Pero para cumplir con ese cronograma se debería estar girando el proyecto al Congreso esta semana. Hasta ayer seguía en la oficina de Carlos Zannini, en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.
Desde que Sergio Massa anunció la reforma que permitirá, entre otras cosas, el pase libre por 180 días del sistema de capitalización al de reparto, el Congreso insistió con que la votación se daría en tiempo récord. No existe hoy oposición en ninguno de los bloques a la idea general de la reforma. Desde el ARI al macrismo, pasando por el radicalismo y el lavagnismo, anunciaron que se apoyaba, sobre todo, la apertura del cambio de un sistema a otro. Pero eso no implica que en otros puntos no vaya a existir debate. Por ejemplo, habrá cuestionamientos por la falta de datos sobre el costo fiscal que tendrá la reforma en el futuro. Claudio Lozano ya planteó la necesidad de reformular en la ley todo el sistema jubilatorio.
Los lavagnistas, como Marina Cassese, criticarán en el recinto la decisión de Kirchner de prorrogar el aporte de sólo 7 por ciento de los salarios para quienes están afiliados al régimen de jubilación privada y no haber elevado ese porcentaje, al menos a 9 por ciento. Aunque están de acuerdo en la libre elección, exigen que «no se avasallen los derechos adquiridos y que en el futuro el Estado nacional deje de usar los fondos de los jubilados, del sistema de reparto o privado, para cubrir sus baches fiscales».
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