Se desata otra polémica del Gobierno con una petrolera: De Vido criticó a Petrobras
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La relación entre Petrobras y el Gobierno ha sufrido varios altibajos desde la llegada de la petrolera al país en 2003, y alcanzó la mayor tensión en 2004 cuando la brasileña, en principio, se demoró en decidirse a financiar la ampliación del gasoducto San Martín que opera su controlada TGS.
Finalmente, Petrobras aportó 100 millones de dólares para esa obra y en enero de 2006 integró un consorcio con Repsol y PetroUruguay para explorar con Enarsa en la plataforma marítima argentina.
Según Gabrielli, "hay necesidades de algunas alteraciones en ese sector especialmente en el área de derivados de petróleo (naftas y gasoil), pero también en gas, para que haya una señal más adecuada de la escasez relativa de esos productos".
En ese sentido, De Vido respondió hoy que "las consecuencias que según él (por Gabrielli) va a tener la política de precios de la Argentina, nosotros decimos que la política de combustibles es producto de consensos y la fija el gobierno nacional".
Ese precio "es producto del costo de producción más una rentabilidad" y, aseguró, "esos señores" quieren hacernos pagar lo que vale en Alemania, España, países que no tienen petróleo".
Para De Vido, "parte también de un error común de los empresarios petroleros, de Gabrielli en particular, con quien yo tuve una charla respecto de este tema, de creer que las áreas de hidrocarburos son de su propiedad".
En forma categórica afirmó que "las empresas tienen obligación de invertir; no es que pueden invertir o no invertir en función de determinadas políticas que aplique el Gobierno".
Y agregó que "las empresas deben invertir, si no lo hacen tanto el Estado nacional como los provinciales procederán a la reversión de las áreas y en ese caso tendrán que irse", al tiempo que recordó que "ninguna empresa está obligada a quedarse en la Argentina".
Finalmente, aseguró que la Argentina recibe "a todos los que vienen a invertir y a producir", aunque advirtió que "bajo ningún aspecto" el gobierno argentino va a tolerar que ninguna empresa lo condicione sobre sus "supuestas necesidades para invertir".




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