El Congreso nacional comenzó ayer a ponerle trabas al gobierno en el tratamiento de algunos de los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo quiere conseguir antes de las elecciones del 23 de octubre y del envío del proyecto de Presupuesto nacional para 2006.
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Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales del Senado no lograron avanzar ayer en el dictamen al proyecto de reforma del Régimen Penal Tributario, pese a que llegaron hasta el Congreso el titular de la AFIP, Alberto Abad, y el procurador general de la Nación, Esteban Righi. Este proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y establece la reforma de los artículos 18 y 19 de la norma; debía ser aprobado por el Senado, pero este cuerpo comenzó a trabar proyectos del Ejecutivo hasta que desde la Jefatura de Gabinete de la Nación que maneja Alberto Fernández no avale el aumento de $ 50 millones en el Presupuesto del Poder Legislativo aprobado originalmente para este año y que los legisladores quieren utilizar para incrementar los salarios de los colaboradores de los diputados y senadores. Además, existe un enfrentamiento entre Abad y Righi sobre el alcance de la norma, lo que ayuda a que no se avance en el proyecto.
Respecto de la norma ahoratrabada, el artículo 18, y sobre la cual no existirían diferencias entre el gobierno y los legisladores, establece que la AFIP «formulará la denuncia» del ilícito que detecte «una vez formada la convicción administrativa de la presunta comisión del hecho»; y agrega que «la denuncia se formulará una vez dictada la resolución de determinación de oficio de los tributos omitidos o agotada la vía administrativa».
En cambio, el 19 pretende que «la decisión de no formular la denuncia penal deberá ser adoptada por los funcionarios a quienes se les hubiese asignado expresamente esa competencia», y agrega que esa decisión deberá ser comunicada inmediatamente al «Ministerio Público Fiscal que deberá expedirse en un plazo de 60 días convalidando el temperamento del organismo recaudador».
Este proyecto no pudo tratarse en el recinto del Senado debido a que el procurador general de la Nación había presentado un pedido rechazando esa atribución para la repartición a su cargo. De hecho, ayer las comisiones encabezadaspor el chaqueño Jorge Capitanich y el puntano Jorge Agúndez recibieron a Righi, quien rechazó el proyecto argumentando que obligar a «generar una decisión a un órgano que debe perseguir el delito es un factor de perturbación en la prosecución posterior».
«No somos un órgano de consulta. Sólo por el presidente de la Nación y por los ministros», argumentó Righi al rechazar el proyecto, y agregó que «como además es una atribución inconstitucional, la cosa va a ir peor».
La postura de Righi fue respaldada por la mayoría de los senadores presentes, mientras que el senador justicialista por Salta, Marcelo López Arias, apoyó el texto del proyecto tal como llegó de Diputados en los mismos términos que el titular de la AFIP.
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