Los senadores de la Comisión de Economía decidieron ayer no discutir más sobre la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Ahora esperan que Roberto Lavagna y Alfonso Prat-Gay acuerden una redacción común para el artículo que establece un aumento en los adelantos del Central al Tesoro para cancelar deuda. El ministro de Economía quiere que el gobierno de Néstor Kirchner cuente con un margen de maniobra financiero más holgado, casi $ 5.000 millones más -esenciales en este año electoral-si prima el criterio que el ministro pidió al Congreso: atar los adelantos del Central al Tesoro a la marcha de la recaudación tributaria. Desde el BCRA la opinión es otra: fijar el aumento de adelantos al Tesoro a la evolución de la masa monetaria y de esa forma controlar el monto máximo de recursos que se prestan al gobierno.
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El lugar de la pelea es la Comisión de Economía del Senado, donde esta semana no pudo emitirse el dictamen del proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central por esta disidencia entre Economía y la autoridad monetaria. Los senadores miran la batalla desde afuera y esperan que un acuerdo entre Lavagna y Prat-Gay permita redactar finalmente el artículo de la ley en discordia. La semana próxima podría volver a demorarse el proyecto -uno de los pedidos por el FMI y que incluye también protección judicial para medidas tomadas por funcionarios del Central y cambios en criterios para reestructuración de bancos-si no se firma la paz.
El proyecto de reforma a la Carta Orgánica del BCRA y a la Ley de Entidades Financieras que envío el Ejecutivo al Congreso -fue girado por Eduardo Duhalde el último día hábil de su mandato, ya que ingresó en el Senado el 23 de mayo a las 20.25- modifica tres aspectos del funcionamiento del Central y los procesos de reestructuración bancaria:
• Otorga mayor margen al Banco Central para que realice adelantos al Tesoro para atender pagos con organismos internacionales de crédito elevando de 10 a 20% la capacidad prestable del Central al Tesoro en referencia a la evolución de los ingresos del Estado.
• También establece nuevos criterios de cómputo de activos y pasivos excluidos en los procesos de fusión, compra o liquidación de entidades financieras en problemas.
• Y establece una suerte de protección para las decisiones tomadas por los funcionarios de la autoridad monetaria. En este caso, la ley dice claramente que «los actos que adopten el BCRA y la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias sólo son anulables en sede judicial, cuando hubiesen mediado arbitrariedad o irrazonabilidad manifiestas». El artículo dista mucho en su redacción del debate original, por pedido del FMI, sobre un sistema de inmunidad penal para los directores del Central que debían afrontar decisiones conflictivas en el proceso de reestructuración del sistema financiero.
•Consenso
Hasta el miércoles pasado, se habían consensuado en la Comisión de Economía, que preside el peronista santafesino Oscar Lamberto, todos los puntos de la ley, incluso se acordó eliminar un artículo que ponía en duda los derechos de los empleados bancarios frente a los procesos de fusión y venta de entidades financieras por presión de los sindicalistas. Juan José Zanola estuvo presente en la comisión defendiendo su criterio.
Pero el conflicto estalló no dentro del Congreso, sino entre Economía y el Central por los adelantos al Tesoro, específicamente en el artículo 15 de la iniciativa que modifica el artículo 20 de la Carta Orgánica del Central. Lavagna debe, en este caso, armarle un esquema a medida para Kirchner que le permita pasar el año electoral sin mayores sobresaltos. Si consigue que el Central aumente al doble, y al ritmo de crecimiento de la recaudación, los fondos para cancelar deuda, verá liberado el superávit del Tesoro para aplicarlo, aunque más no sea temporalmente, para continuar con la política de seducción financiera a las provincias, tan necesaria para ganar las elecciones locales como para controlar la estructura del PJ. Si esos adelantos se aumentan en porcentual a la emisión monetaria, el control del proceso quedará en manos de Prat-Gay y perderá su utilidad política.
•Mecanismo
Para entender mejor la lógica del ministro, nada mejor que repasar el mecanismo que se utiliza para pagar a organismos internacionales. En la actualidad, cuando el Estado debe pagar al exterior, el FMI procede a debitar automáticamente la suma de la cuenta del Central. Inmediatamente se registra la operación como un adelanto a la Tesorería, la que normalmente emite una letra y la deposita en garantía en el Central.
El Tesoro tiene 12 meses para reintegrar los fondos del adelanto -que hasta ahora no puede en total exceder 10% de los ingresos anuales-, pero mientras el cupo esté cubierto, no puede volver a utilizar ese crédito.
Con el proyecto enviado al Congreso -que en la redacción pedida por Economía es procíclico, es decir, cuando más recauda el Estado, más puede pedir prestado-, el Tesoro se vería liberado de utilizar fondos de la recaudación para atender deuda y así destinarlos a gasto interno. Queda claro, entonces, que si se anclara el incremento de fondos a la evolución de la base monetaria -de acuerdo con el pedido del BCRA-, la utilidad de la medida para el gobierno se vería perjudicada.
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