Un informe elaborado por IDESA, señala que entre las mujeres que integran el 30% de los hogares con ingresos per cápita más altos el 61% tiene un empleo asalariado registrado
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En tanto, entre las mujeres que integran el 40% de los hogares con ingresos intermedios el 35% tiene un empleo asalariado registrado.
La cifra empeora de forma alarmante, al destacarse que entre las mujeres que integran el 30% de los hogares de más bajos ingresos sólo el 6% tiene un empleo asalariado registrado.
Estos datos muestran que a través de la reglamentación de la vieja Ley de Contrato de Trabajo no hay posibilidades de aportar soluciones al cuidado de la infancia. Imponiendo nuevas responsabilidades a las empresas se incentiva la contratación de varones y, en el mejor de los casos, se beneficia sólo a las mujeres de más altos ingresos.
El fallo tenderá a ser operativo en los estratos más acomodados donde casi todas las mujeres trabajan y la mayoría lo hace en un empleo formal. Los jueces ignoraron que entre las mujeres pobres prevalece la inactividad laboral, el desempleo y el empleo informal.
En este sentido, el informe señala que es el Estado el que debe garantizar el acceso a servicios de alta calidad de cuidado de la infancia priorizando a los hogares de menores ingresos.
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