Escándalo en seguros: el juez federal Rodolfo Canicoba Corral la semana pasada dictó el procesamiento de los hermanos Carlos y Eduardo Fucito, ex dueños de la liquidada aseguradora Omega, a quienes acusa de ser coautores de administración fraudulenta por el delito de falsificación de balances con plazos fijos alquilados; a los Fucito los embargó por $ 2 millones. El magistrado también procesó a Ignacio Warnes, ex superintendente de Seguros de Fernando de la Rúa, y a su ex gerente de control Carlos Gallo, a quienes acusa de «partícipes necesarios» de esa maniobra; a cada uno lo embargó por $ 1 millón.
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En sentido inverso, el juez dictó «falta de mérito» a otros miembros de la familia Fucito. También a Mario Cirigliano, hombre cercano al secretario de Transporte Ricardo Jaime, accionista de Lua La Porteña y dueño del grupo transportista Plaza, que sigue además pagando los sueldos de la estatal LAFSA sin que se sepa a ciencia cierta el origen de esos fondos. Lo mismo hizo con su apoderado Carlos Lluch y con Teresa Valle, ex gerenta de asuntos legales de la Superintendencia.
En esta megacausa que instruye el fiscal Miguel Angel Osorio se busca determinar si Omega y Lua La Porteña cometieron ilícitos al transferirse los activos y la cartera de clientes de Omega Cooperativa a Omega SA. Se investigan los movimientos de La Uruguaya Argentina, su posterior cambio de nombre por LUA SA, luego por La Uruguayo Argentina SA y LUA La Porteña SA. En la década del 90 -cuando el superintendente de Seguros era el actual jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y dependía del ministro de Economía Domingo Cavallo- muchas aseguradoras entraron en dificultades financieras y no podían afrontar el pago de siniestros y los juicios en su contra. Lo que hicieron muchas fue pedir su liquidación, pero a la vez transfiriendo sus activos (o sea su cartera de clientes) a una nueva empresa. La maniobra se produjo en numerosos casos ante la pasividad de las autoridades de control.
En el caso puntual de Omega se renovaron en una flamante sociedad anónima las pólizas de quienes estaban asegurados en la liquidada cooperativa, algo que en sí mismo no es ilegal; de todos modos, Canicoba Corral dicta los procesamientos justamente por la falta de transparencia en el procedimiento de transferencia, y por supuestas maniobras con los balances.
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