El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, acusó ayer a las cerealeras exportadoras de haber formado un «cartel» destinado a eludir el pago del Impuesto a las Ganancias. El funcionario utilizó este argumento ayer en el Senado, a donde llegó para defender la aprobación del paquete antievasión que en teoría hoy debería ser tratado y aprobado por esa cámara. La visita del jefe de la AFIP se dio un día antes que el Senado realice una audiencia pública, con participación de taquígrafos y medios, para discutir el futuro de las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias sobre precios de transferencias que provocaron las protestas de los cerealeros.
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Los senadores tienen previsto reunirse hoy con representantes de más de 40 entidades ligadas a las exportaciones agrícolas, quienes expondrán sus objeciones al proyecto. En esa audiencia participarán también productores agropecuarios, sobre quienes las cerealeras y exportadores piensan cargar el mayor costo por el nuevo sistema de liquidación de las ventas entre empresas locales y sus vinculadas del exterior.
Los senadores de la Comisión de Presupuesto y Hacienda le pidieron también a los cerealeros que se presenten con sus balances y declaraciones de Ganancias y que expliquen si la denuncia de la AFIP sobre evasión en el sector es cierta o que demuestren lo contrario con sus números.
Esta es una de las preocupaciones que llevó ayer Abad al Senado y se llevó una respuesta tranquilizante: «Mire, mañana vienen los quejosos, pero quédese tranquilo. Nosotros no vamos a defender a ningún acopiador ni exportador, nuestra preocupación es que no se traslade el problema en un menor precio a los productores», le aclararon los presentes.
Según Abad, si se aprueban las leyes modificatorias del sistema impositivo reclamadas por el Ejecutivo, la AFIP podrá controlar mejor los movimientos tributarios de los principales exportadores del país (las cerealeras); que habrían utilizado a empresas fantasmas radicadas en paraísos fiscales durante varios períodos fiscales para eludir impuestos. Por esto Abad reclamó que se apruebe la ley que persigue este tipo de maniobras al obligar a las cerealeras a tomar el valor del precio primario en el momento de compra del grano en lugar del de embarque. Abad aseguró ayer ante los senadores que en los últimos años este grupo de compañías formó «un cartel» para operar de determinada manera que les facilite el pago del Impuesto a las ganancias, sin que surjan diferencias en la facturación en la comparación entre sus diferentes balances.
Abad pidió además al Senado que apruebe la posibilidad de acusar de «asociación ilícita», a la reunión de tres o más personas destinadas a emitir y comercializar «facturas truchas» y desarrollar software para alterar el funcionamiento de las «cajas negras» entre otros delitos. Este segundo punto fue otro de los capítulos del paquete antievasión que mayores cuestionamientos generaron entre los legisladores y los colegios de contadores.
En otros puntos de los articulados, menos polémicos, la AFIP pide mayores sanciones para la evasión previsional y la creación de la figura del «responsable solidario» para los casos en que los contribuyentes voluntariamente reciban facturas truchas.
Se crea además el sistema de controles satelitales para las operaciones comerciales en los campos para la producción agrícola y la necesidad para los acreedores hipotecarios que no estén dentro del sistema financiero de exhibir un certificado de la AFIP, demostrando que el dinero prestado estaba debidamente declarado.
