Senado nombró nuevo director del Central

El Senado aprobó ayer el pliego de Amalia Martínez Christiansen como directora del Banco Central. Se trata de un tibio avance del PJ -que maneja el quórum de las sesiones y de la Comisión de Acuerdos-, ya que todavía falta que aprueben otros tres diplomas que duermen en el bloque opositor, para cumplir con el pacto de gobernabilidad firmado por la Casa Rosada y los gobernadores el martes.

El peronismo resolvió destrabar las designaciones del vicepresidente de la entidad Alfonso Prat Gay y de los restantes miembros del directorio, Felipe Murolo y Hugo Bruzzone. Pero irán votándolos con cuentagotas, con frecuencia semanal y de uno en fondo (a lo sumo, dos por turno). En la víspera, sacaron de comisión el dictamen del pliego de Martínez Christiansen -el que menos resistencias generaba- y, de inmediato, lo llevaron al recinto para darle el imprescindible aval de la Cámara alta.

En las discusiones domésticas, habían acordado por la mañana que aprobarán los diplomas, según el grado de objeciones que despierta cada uno de los nominados. El orden de prelación, en ese sentido, sería Bruzzone, Murolo y, a distancia, Prat Gay, quien genera reticencias entre los insólitos justicialistas porque «todavía trabaja en el JP Morgan de Londres y gana una fortuna» (esas palabras se le atribuyeron al pampeano Carlos Verna, uno de los senadores más influyentes).

• Insistencia

Domingo Cavallo viene insistiendo desde hace meses en la confirmación de la cúpula del BCRA. El ministro de Economía consiguió, primero, la convalidación de Roque Maccarone en la presidencia, tras largas tertulias con José Luis Gioja y otros legisladores. El viernes, Cavallo les pidió a los mandatarios peronistas en Olivos que apoyaran la ratificación del directorio que él había propuesto.

Desde el primer borrador del acuerdo Nación-provincias, el responsable del Palacio de Hacienda clamó por esta cláusula. El mayor énfasis lo puso, precisamente, en Prat Gay. «Es un banquero de prestigio y quiero que recorra el mundo para promover a la Argentina», reveló Cavallo.

En la tarea de seducción a los opositores, lo ayudó el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, quien anteayer reclamó por teléfono al titular de la bancada peronista la sanción de los pliegos. Habían pasado unas horas de la firma del pacto con los gobernadores, cuando Colombo pidió que lo comunicaran con el Congreso.

El PJ venía escudándose en la Ley de Etica Pública para mantener a la conducción del Central en el freezer. Sus representantes habían descubierto que existían incompatibilidades entre la norma y los candidatos. En la mayoría de los casos no cumplían con los plazos exigidos para pasar de la actividad privada (en este caso, bancos particulares) al Estado. De hecho, Prat Gay aún revista en el JP Morgan.

• Inseguridad

El mismo Maccarone había militado como asesor del Galicia hasta mayo del año 2000 y, de acuerdo con la ley, podía ser rechazado. Pero trabar al sucesor de Pedro Pou hubiera creado una gran inseguridad jurídica. Frenaron algunos días la incorporación de Maccarone -en parte, también porque defendían a Pou, quien reclamaba en Tribunales por su remoción-, pero terminaron convalidándolo.

Los impedimentos sobre los directores quedaron desplazados hace unos días, luego de que el Poder Ejecutivo modificara por decreto la Ley de Etica Pública, gracias a los poderes especiales que el Congreso le cedió a Cavallo. Esto habilitó a que el plenario senatorial aprobara ayer el pliego de Martínez Christiansen.

Desde que asumió Fernando de la Rúa, se presentó alrededor de medio centenar de denuncias contra funcionarios nacionales por supuestos incumplimientos de la ley de ética. Fueron señalados, entre otros, Nicolás Gallo -a quien la Oficina Anticorrupción le reco-mendó que vendiera acciones de empresas, durante su gestión en el Ministerio de Infraestructura-, y el secretario de Comunicaciones, Enoch Aguiar (consultor de empresas telefónicas hasta su designación).