Serio: apenas se controla a 33% de entidades públicas

Sólo 33% de las entidades públicas que hay en la Argentina puede jactarse de que alguna vez en su historia se le auditó al menos un balance contable externamente. A pesar de que, por ley, existe la obligación del control.

De 38 universidades públicas del país, sólo 2 fueron auditadas, y otras 6 no informaron a la Contaduría General de la Nación sobre algún control externo efectuado sobre sus balances.

Pero la lista no termina ahí. La Biblioteca Nacional, el Registro Nacional de las Personas, la Dirección General de Migraciones o el Tribunal de Tasaciones de la Nación figuran como «no cuenta con Estados Contables auditados por la Auditoría General de la Nación (AGN)», de acuerdo con los datos más actualizados que maneja la Contaduría (que son de fines de 2002).

Del resto de los organismos públicos descentralizados, 20% no informó sobre controles externos de sus balances y 47% directamente indica no haberlos recibido nunca. Es, sin duda, un «indicador-país» desalentador.

Asimismo, más de la mitad de las entidades que sí pasaron por la lupa de la AGN, lo hicieron tras cuatro años y hasta diez años desde la finalización del ejercicio económico que se auditaba por lo que su poder correctivo es nulo a la hora de evaluar resultados.

Las instituciones de la SeguridadSocial -cuyos gastos ejecutadosson los más elevados-y los bancos oficiales cuentan con mejores controles.

• Planilla

Sin embargo, según la Contaduría General, más de la mitad de los organismos descentralizados, de todos los entes y de las casas de estudios universitarios, carecen de control externo o no informan sobre ello. Estos datos se pueden corroborar a través de una planilla elaborada por la Contaduría General sobre Patrimonios Netos Integrados de Entidades Públicas, fechado en diciembre de 2002, llamada «Anexo B» (que es la más reciente).

De todas maneras, muchas de las entidades que jamás fueron auditadas externamente, sí lo fueron internamente, a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Leandro Despouy, titular de la AGN, aclaró que «el número de organismos descentralizados sin auditoría externa que maneja la Contaduría General de la Nación es tan elevado por múltiples factores, entre ellos, que muchas entidades que sí fueron auditadas no informan acerca de los resultados de la auditoría externa porque no son favorables». Otro factor es la estructura que la Argentina necesitaría para realizar la totalidad de los controles externos, que no la tiene.

Es así cómo terminan eligiéndose los organismos a auditar o alguna parte de sus gestiones, como el control de la cuenta inversión o de las inversiones. Se privilegia lo más importante (caso de las instituciones de la Seguridad Social o de los bancos oficiales).

Las auditorías sobre estados contables que se terminan son enviadas a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas que trata cada informe y hace despachos que se votan en ambas cámaras del Congreso.

Los despachos contienen recomendaciones acerca del organismo auditado que se envían al Poder Ejecutivo.

Si alguna anomalía administrativa es detectada, se remite copia de auditoría a la Fiscalía Administrativa o la Oficina Anticorrupción y, de esta manera, se la trata judicialmente.

La Comisión Mixta sirve de nexo. Según su titular, Oscar Lamberto, «recientemente fue vetado el artículo sobre los fondos que utiliza esta comisión (alrededor de $ 1,5 millón) y se está gestionando la revisión de esta medida», que desalienta aun más, el mejoramiento que necesita el sistema de control de cuentas.

Y no se puede pedir más al Congreso sobre el tema cuando ni siquiera terminó de aprobar las cuentas públicas desde 1994 a la fecha, ratificándolas o rechazándolas. Aunque si lo hiciera, no se vería demasiada utilidad fáctica: no es posible volver años atrás para corregir la cuenta inversión de un organismo porque ya prescribieron todas sus determinaciones y porque en la mayoría de los casos ya se renovó todo el plantel de responsables.