Sigue el tope de $ 4.800 para aporte previsional

El gobierno decidió vetar la eliminación del tope salarial de $ 4.800 que rige para el cálculo de aportes previsionales y patronales. Esta medida significaba un incremento del costo laboral para las empresas y una reducción salarial para los cargos gerenciales. Se sumaba a la suba efectiva de la presión sobre las empresas al aumentar los aportes patronales. Mantener esa medida hubiera sido avalar una similar al impuestazo de José Luis Machinea, que quería reactivar quitándoles efectivo a los únicos sectores que pueden mantener el consumo interno en momentos de leve recuperación de la economía. En la lista de vetos se incluyó la eliminación de una prohibición para que el Tesoro transfiriera partidas de los fondos fiduciarios y parte del mayor gasto incorporado en el Congreso por obras de todo tipo en provincias y promociones fiscales varias.

Eduardo Duhalde vetó ayer el polémico capítulo del artículo 43 del presupuesto para 2003, que eliminaba el tope de 4.800 pesos para el cálculo de los aportes previsionales y patronales, y que en la práctica significaba una caída del poder adquisitivo de los mayores salarios.

Esta decisión fue especialmente reclamada por Roberto Lavagna que explicaba que el aumento en los aportes implicaba una quita al dinero que perciben mensualmente los niveles gerenciales, precisamente el sector que mayor poder de consumo tiene habitualmente. El gobierno opta así por el camino inverso al que adoptó en su momento José Luis Machinea y que buscaba recaudar y reactivar la economía quitándoles dinero a los únicos que potencialmente podrían pagar. La iniciativa había sido incluida en la ley de presupuesto por un reclamo de la diputada frepasista María América González, que buscaba financiar parte del déficit previsional con la recaudación que hubiera ingresado eliminando ese tope de 4.800 pesos.

No fue el único veto decidido por el Presidente para el texto final del presupuesto. También fue eliminado el artículo 30 que limita la posibilidad de afectar recursos de los fondos fiduciarios al Tesoro Nacional. Esta posibilidad había sido pedida por el Ejecutivo al Congreso por un monto de hasta $ 100 millones, pero después de múltiples negociaciones y distintas variantes los diputados decidieron eliminarlo.

• Promoción

También se incluyó el artículo 59 dentro de los vetos, que facultaba al Poder Ejecutivo a establecer una especie de promoción impositiva en todo el país, sin límites precisos, mediante «medidas tributarias especiales», como diferimientos tributarios, deducciones varias, regímenes de amortización y/o bonificaciones de impuestos. Al mismo tiempo se incluían mecanismos de financiamiento como fondos fiduciarios para los departamentos provinciales cuya crisis laboral derive de privatizaciones o cierre de empresas públicas. Se vetó además el artículo 67 que creaba un régimen optativo de cancelación anticipada parcial o total de las obligaciones fiscales diferidas por planes de promoción industrial. También se eliminó el artículo que obligaba al Ejecutivo a disponer de una asignación para el Fondo de Incentivo Docente correspondiente al primer semestre de 2002 más la deuda heredada de la gestión de Fernando de la Rúa (ver Contratapa). Finalmente se vetó también el intento clásico de las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones para que Nación gire a estas gobernaciones las regalías excedentes por la operación de la represa de Salto Grande.

Todos los vetos fueron presentados ayer por el secretario de Hacienda, Jorge Sarghini, a los enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI), como refuerzo a los números fiscales que se analizaron ayer en la primera jornada de negociaciones.