Sin acuerdo en impuesto a pesificadas

Mañana, un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Finanzas y PyME comenzará a debatir el proyecto que grava con un impuesto especial a las empresas que se vieron beneficiadas con la pesificación de créditos por encima de los u$s 3 millones. Ayer, el bonaerense Carlos Brown prometió que en un mes estaría lista la ley: «Si las cámaras de Diputados y Senadores toman el tema con la agilidad que se necesita, en un mes tendría que ser operativo este impuesto», dijo. Pero la realidad de ambas cámaras es otra. A pesar de existir más de media docena de proyectos que plantean aminorar la ganancia de las grandes empresas beneficiadas por la pesificación uno a uno, no existe todavía voluntad real de avanzar con el nuevo impuesto. Es más, desde el bloque justicialista se asegura en privado que el proyecto no avanzará hasta tener el visto bueno de Jorge Remes Lenicov que por ahora, se sabe, no apoya la idea.

Mientras tanto, comenzaron a avanzar en el Congreso pedidos de informes contra otras medidas dispuestas en el último mes por el Ejecutivo. El demócrata Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, pidió informes sobre la creación de la tasa a la transferencia de gasoil, que tiene el objeto de recaudar $ 500 millones anuales: «Es ilegal fijar una tasa al gasoil para pagar supuestas deudas anteriores que el Estado nacional tiene con los concesionarios de peajes», dijo.

El monto a recaudar por esa tasa excede la rebaja de peajes, estimada en $ 170 millones, por lo que se estaría violando la Ley 25.414. «Esa supuesta deuda no sería tal porque los que aparecen como acreedores del Estado por más de $ 400 millones serían en realidad y legalmente deudores del Estado nacional», explicó ayer Gutiérrez.