Subas pasarían al año próximo

Con la ley que le permite renegociar parcial o totalmente 63 contratos de concesión hasta diciembre de 2004 y autorizar aumentos de tarifas a cuenta de la revisión final, el gobierno cumple con uno de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario. Sin embargo, la decisión ya tomada es esperar hasta el año próximo para permitir los primeros aumentos de tarifas.

Los primeros incrementos podrían aprobarse hacia fin de año, una vez que se haya renovado el Parlamento, y empezarían a aplicarse a partir del 1 de enero. Para esa fecha, el gobierno terminaría de cerrar una revisión del contrato de Aguas Argentinas. Según fuentes calificadas, la alternativa con más posibilidades consistiría en dar de baja la concesión en sus condiciones actuales, y firmar con la empresa un contrato de operación y mantenimiento, mientras el gerenciamiento de las inversiones quedaría a cargo del Estado. Los recursos para las obras, a su vez, saldrían de una parte de las tarifas que la compañía deberá depositar en un fondo especial.

En igual plazo, podrían resolverse las primeras subas para el transporte y distribución de gas y de electricidad, aunque antes el gobierno debería solucionar el debate sobre cómo aplicar la tarifa social, es decir cómo definir a los usuarios que, por sus condiciones económicas, no soportarán suba en el precio de los servicios.

En este punto, hay muchas críticas a determinar la tarifa social según el nivel de consumo, ya que daría lugar a inequidades. Una lujosa casa de fin de semana que se use poco podría tener tarifa social, mientras un hogar de escasos recursos, sin acceso al gas natural, sufriría un aumento en la tarifa eléctrica, sobre todo porque utiliza luz para calefacción en el invierno.

• Decisión

En apariencia, hay ya una decisión tomada en cuanto a que la eventual suba de tarifas se destine a cubrir gastos operativos y sólo una parte reducidadel endeudamiento. En este punto, se afirma que se debe encontrar un punto de equilibrio porque al no considerar el endeudamiento se podría estar premiando al que no invirtió, y al revés, si se lo tomara tal cual es, se estaría retribuyendo el mal gerenciamiento, o las decisiones equivocadas del management.

Por otra parte, al ir abriendo los pasivos que tienen las empresas, los funcionarios oficiales destacan algunas situaciones que «no se tolerarían». Se afirma, por ejemplo, que Transener tiene en el pasivo lo que gastó para comprar Transba, la empresa de transporte eléctrico de Buenos Aires, y que Aguas Argentinas tiene una deuda de 850 millones de dólares, pero que de esa suma destinó una inversión de 400 millones para el mejoramiento del sistema comercial, lo que resulta « inaceptable» para la óptica oficial.

En principio, el gobierno, a través de la cartera que conduce Julio De Vido, autorizaría también para el primer mes del año un aumento en el precio de la energía mayorista, para mejorar los ingresos de las empresas generadoras. Sin embargo, esperaría hasta el invierno para un aumento del precio de gas en boca de pozo que perciben las petroleras, con el criterio de que en el período estival esas empresas se benefician con mayores saldos exportables que cobran en dólares, y recién en el invierno sube el consumo interno.