Supermercados: crisis por trabajo en "negro"

Alfredo Coto

Los supermercadistas le pidieron al ministro Carlos Tomada que extreme los controles sobre los comercios con personal «en negro». De lo contrario -advirtieron- corre peligro la supervivencia de un sector que emplea a más de 100.000 personas. A la reunión en la cartera laboral asistieron Alfredo Coto, titular de la ASU (Asociación Supermercados Unidos); Federico Braun (La Anónima); Gastón Wainstein (Wal-Mart); Iván Cobos (Jumbo); Antonio Cao (Casino); y Luis Colmenares (Auchan).

La queja de los supermercadistas se basa en que -según un estudio de una consultora privada- la «informalidad» en el empleo implica hoy una evasión que supera 40% de la actual recaudación en cargas sociales. Esto, le dijo Coto a este diario, «nos coloca en una situación de desigualdad tal que pone en peligro la subsistencia misma del sector». Por eso le pidieron a Tomada «más inspectores en la calle, más rigor, más controles». Y a pesar de que no hubo promesas concretas por parte del ministro, los empresarios dijeron haberse retirado satisfechos del encuentro.

• Pronóstico

Una de las advertencias que hicieron fue que, de mantenerse el actual patrón, quedarán unas pocas bocas de venta formales en las que el sector más alto de la sociedad hará sus compras; «el resto de la gente tendrá que comprar alimentos de calidad dudosa en lugares poco recomendables y sin los controles necesarios», dijo Coto. Hace ya casi dos años que los súper e hipermercados ven caer su participación en el mercado de los alimentos y los «non food» que venden. «Facturamos más, pero a pesar de que la economía muestra una incipiente recuperación, no se incrementa la cantidad de unidades vendidas», dijo uno de los participantes de la reunión. «Esto claramente muestra que perdemos terreno frente a otros canales de comercialización. Si nosotros tenemos la escala como para obtener valores muy convenientes, ¿cómo se explicaría entonces que un pequeño comercio de barrio venda más barato? La única explicación es que nosotros pagamos cargas sociales e IVA, y ellos no».

Coto agregó que esto constituía «competencia desleal, vulneración de la seguridad social y una indebida explotación de los trabajadores».

• IVA

El encuentro con Tomada fue parte de una serie de reuniones con el gobierno, que se inició hace algunas semanas con Alberto Abad, jefe de la AFIP. Allí la preocupación planteada no fue sólo el tema de las cargas sociales, sino la enorme evasión de IVA que se verifica en los canales informales. «Llamarlos informales es una injusticia: son ilegales porque están fuera de la ley», enfatiza Coto. «Y esto no es un tema del interior o de la Capital; la evasión se da en todo el país. O sea: ilegalidad hubo siempre, pero no recuerdo en mi vida niveles tan altos de evasión».

Obviamente, también se habló del preocupante tema de las ART y los fallos de la Corte sobre topes indemnizatorios. Tampoco hubo promesas por parte de Tomada, que se limitó a tomar nota de los reclamos empresariales.