El juez federal de San Martín ordenó ayer suspender el Decreto 798 por el cual el Poder Ejecutivo rescindió el contrato del ferrocarril San Martín a cargo de la empresa Metropolitano. La decisión judicial se basa en el pedido de no innovar presentado por locatarios de inmuebles de la concesionaria.
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En forma paralela, la compañía había iniciado una acción judicial en el juzgado contencioso administrativo de la jueza Claudia Rodríguez Vidal, que se abstuvo de dictar una medida cautelar frente al dictado del decreto, aunque admitió seguir tratando las denuncias de Metropolitano sobre incumplimientos del Estado y «trato discriminatorio».
El gobierno apelará la orden de no innovar con el argumento de que el decreto no afecta a los derechos de terceros (en este caso, los locatarios), pero el traspaso del tren podría complicarse si se considera suspendido el decreto.
El gobierno y Metropolitano firmaron el viernes pasado un acta para la transferencia ordenada, y este fin de semana iba a hacerse cargo de la operatoria técnica del San Martín, una unidad de gestión integrada por representantes de las otras tres concesionarias ferroviarias. Hasta anoche, no estaba claro si este plazo podría cumplirse o si la situación se complicaría.
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