El sector privado también prepara su propuesta alternativa al ajuste lanzado recientemente por el gobierno: empresarios y banqueros de la Argentina estarían dispuestos a aportar unos u$s 1.000 millones a través de un «aporte tributario» durante un año, para crear un seguro de desempleo para los jefes de familia, en una medida destinada a contribuir con los esfuerzos del gobierno de sacar al país de la recesión económica.
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Se trata de una vieja propuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA), que en esta oportunidad fue presentada por Ignacio De Mendiguren y Héctor Massuh, directivos de la entidad, durante una cena hace una semana con los principales banqueros del país y con ejecutivos de los grupos económicos Techint, Pérez Companc y Arcor. El fin de semana, se realizaron diversas reuniones privadas para discutir los detalles de la misma, que serán dados a conocer esta semana.
Los empresarios buscan con ese seguro para jefes de familia desempleados una posición intermedia entre el ortodoxo ajuste de «déficit fiscal cero» que está delineando el gobierno de Fernando de la Rúa y el plan alternativo que claman las fuerzas políticas.
Tregua social
La iniciativa, que los banqueros y empresarios ya hicieron llegar a funcionarios de la Presidencia de la Nación, pretende también crear las condiciones para un acuerdo de «tregua social» por un año con los sindicatos y las principales fuerzas políticas del país.
Básicamente, el principal punto que incluye la propuesta de los empresarios es que los sectores que se beneficiaron en los últimos once años realizarían un aporte tributario por un año. Pero dicho aporte estaría condicionado a dos destinos: otorgar un subsidio a los jefes de familia desocupados por un año. Para evitar los manejos Ignacio De Mendiguren políticos del gobierno, el fondo sería administrado por el sector privado y canalizado a través de los bancos mediante cuentas a los jefes de familia.
Asimismo, según trascendió, el plan avanza sobre el campo político y propone además algunos cambios de funcionarios, puntualmente de aquellos que «agotaron su ciclo».
La medida que trae la UIA no es nueva: desde junio del año pasado viene siendo presentada dentro de un conjunto de propuestas integradas en un «plan estratégico para la recuperación del empleo y el crecimiento de la economía argentina».
En un primer momento, la UIA propuso la creación de un bono patriótico a las empresas privatizadas y con ese dinero implementar el seguro. Posteriormente, la propuesta fue reformada y en vez de un bono (que en definitiva era un préstamo con intereses que hacían las privatizadas por tres años a tasas internacionales al gobierno), la UIA pedía que se les aumenten las cargas sociales a estas empresas. En su nueva versión, la entidad industrial sólo menciona que estas empresas harían un «aporte tributario», aunque no especifica a qué tributo se hace referencia.
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