Tarifas: decidieron que suba será para gas y luz mayorista

El gobierno ya tiene decidido que los aumentos de tarifas comenzarán por la electricidad a nivel mayorista y por el gas en boca de pozo. Los pasos que se seguirán ya están prácticamente definidos, sólo faltan precisar los porcentajes y las fechas. Pero ya se sabe que estos dos puntos clave los definirá personalmente el presidente Néstor Kirchner, como ocurre en todos los temas que considera de alto impacto, ya sea por su importancia económica y social.

En las tarifas de gas y luz hay tres componentes, además de los impuestos: el precio del producto (la electricidad o el gas), el margen del transportista (las transportadoras de electricidad en alta tensión y las gasíferas que controlan los gasoductos troncales), y las distribuidoras, que son las que llegan hasta los domicilios de los usuarios.

Los primeros aumentos que se autorizarían serán para los que suministran el producto: las generadoras de electricidad y las petroleras que son las que extraen el gas.
Estas no tienen contratos a renegociar, y en principio sus precios son libres, aunque están prácticamente congelados desde enero de 2002.

El gobierno necesita empezar por estos sectores porque hay una preocupación, tanto a nivel oficial como empresario, sobre un posible faltante de electricidad o de gas que podría incluso empezar a advertirse en el próximo invierno.

La falta de producto es la que obliga a los cortes programados, que se recuerdan (para la luz) de la época de Raúl Alfonsín, y que por lo mismo quieren evitarse por el costo político y por el económico para el funcionamiento de las industrias, que terminaría teniendo. Brasil tuvo hace dos años un problema de ese tipo: escasez de la oferta para responder a la demanda.

Desde el punto de vista eléctrico, la capacidad instalada todavía alcanzaría en el invierno de 2004 para acompañar el crecimiento de la demanda, a menos que hubiera una fuerte sequía que afectara a las centrales hidroeléctricas. Sin embargo, Cammesa -la empresa controlada por la Secretaría de Energía en la que intervienen todos los actores privados-viene acumulando una deuda que supera los $ 400 millones con las generadoras, aun cuando distintas resoluciones oficiales bajaron fuertemente la remuneración de esas empresas, sobre todo de las hídricas.

En el presunto caso de que esa deuda no comenzara a saldarse, las generadoras podrían resistirse a adquirir combustible líquido en el próximo invierno. Se presume además que el año próximo, el faltante de gas natural-que es más barato que el gasoil o el fueloil-puede ser mayor para las usinas, por cierta reducción de la producción gasífera y por el mayor consumo de ese producto, debido al estímulo del precio bajo (esto incluye desde las estaciones de GNC hasta las industrias).

Según trascendidos confiables, el gobierno daría los siguientes pasos escalonadamente, con el calendario que decida el Presidente:

• Aumento fuerte del precio de la electricidad para los grandes y medianos usuarios industriales. No se trata sólo de los que contratan directamente con las generadoras, sino también de los que son clientes de las distribuidoras, aunque éstas no percibirían nada por el aumento.
 
• Aumento del precio del gas que perciben las petroleras para los grandes y medianos usuarios industriales. Para esto se necesita primero llamar a audiencia pública, porque lo exige la ley de marco regulatorio, y además algún decreto o resolución que modifique esa norma debido a que ésta prohíbe que un tipo de clientes subsidie a otra (lo que sucedería hasta tanto no haya subas para los residenciales).

• Aumento de la electricidad mayorista para usuarios residenciales y pequeña demanda, muy inferior a la suba para grandes usuarios, y dependiendo del impacto sobre la inflación de la adecuación de tarifas para la industria.

•Ampliación

Ya en el mediano plazo, se ampliaría la suba del gas en boca de pozo a domicilios y por último subirían los márgenes que perciben transportistas y distribuidoras que tienen los contratos bajo renegociación.

En las próximas semanas, la unidad renegociadora de los contratos, que presiden los ministros Julio De Vido y Roberto Lavagna, iniciarán negociaciones con las empresas transportistas y distribuidoras de gas y electricidad para renegociar los contratos de concesión. Sin embargo, este comienzo de las conversaciones no implica que vayan a producirse subas en lo inmediato.

En una primera etapa, empezará a pasarse en limpio la situación de cada empresa (que varía aunque se dedique a la misma actividad sobre todo en lo que se refiere al endeudamiento en dólares), las inversiones que realizaron, las multas impagas y el estado actual del servicio. Se buscaría así llegar a una cuenta final acordada con las compañías, estimándose desde ya que el gobierno no admitirá que los ajustes cubran las deudas en dólares, por lo cual esas empresas deberían renegociar esa cuestión a largo plazo y por su cuenta.