Nada está hoy más lejos de la realidad que la creencia del público en el sentido de que el gobierno, afianzado tras las elecciones, impulsará ahora una especie de tarifazo. El único aumento que podría aplicarse porque ya tiene aprobación del Congreso es el de 15% sobre los peajes en los accesos a Buenos Aires.
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El otro paso previsible es que el Ejecutivo envíe al Parlamento para su tratamiento las actas de renegociación ya acordadas con Gas Natural, Edesur y Edenor que contemplan sólo subas para usuarios industriales y comerciales que recién podrían aplicarse en febrero o marzo, si hay interés en acelerar los plazos.
Pero sobre esa situación podrían surgir demoras que por ahora no parecen estar en las previsiones de las empresas y el gobierno. El defensor del pueblo, Eduardo Mondino, dijo ayer a este diario que «si el Ejecutivo dicta algún decreto poniendo en vigencia una renegociación que tuvo aprobación tácita por parte del Congreso, vamos a impugnarlo en la Justicia».
Según Mondino, el artículo 82 de la Constitución excluye «en todos los casos la aprobación tácita o ficta». Sin embargo, no cuestionó en el momento en que se dictó, a la Ley 25.790 en la que se establece que si el Parlamento no aprueba o rechaza las renegociaciones en un plazo de 60 días corridos de recepcionada la propuesta, ésta se considerará aprobada.
El defensor dijo: «Haremos la impugnación una vez que esté aprobado algún decreto». Esta virtual amenaza incluye las renegociaciones que se consideran ya aprobadas por el Congreso y que requieren el decreto como último paso. En el caso de Transener y Distrocuyo (transportistas de electricidad), las terminales portuarias y los peajes de acceso a Buenos Aires.
El criterio de la unidad de renegociación es que el artículo 82 de la Constitución se refiere sólo a la sanción de leyes. Para el defensor están incluidos «todos los casos», y es «un tema que no puede dejarse pasar porque hace al alcance del poder parlamentario».
La sanción «ficta» es la modalidad que adoptó el Congreso para no comprometerse políticamente ni aprobando ni rechazando subas de tarifas. El único contrato que fue discutido y aprobado por los legisladores fue el de Edelap. Es también el único para el que salió el decreto, y está en aplicación desde el 1 de agosto.
En relación con las actas de Edesur, Edenor y Gas Natural que el Ejecutivo enviaría al Congreso en las próximas semanas, Mondino también objetó que falta la realización previa de la audiencia pública. Porque hubo debates pero antes de llegar a acuerdos con las empresas.
Dijo que «la irregularidad es mucho más palpable en el caso de Edenor, porque se discutióun proyecto antes de que cambiara de dueño». Mondino indicó que cuando entre un acta al Congreso, solicitará a la Comisión Bicameral de Seguimiento que la devuelva al Ejecutivo, y si eso no ocurre después resolverá si concurre o no a la Justicia.
Voceros de las privatizadas manifestaron confianza en que hay voluntad política del gobierno en cumplir con los acuerdos, algunos de los cuales se comprometieron incluso ante el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero.
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