El Ministerio de Economía informó oficialmente ayer que «los pedidos de aumento de tarifas serán tratados en audiencia pública, posteriormente pasarán a la Comisión Bicameral que producirá un informe no vinculante y por último la decisión será tomada por el Poder Ejecutivo».
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Con esta declaración, Economía buscaría despejar la preocupación que suscitó en las empresas privatizadas el proyecto de ley impulsado por legisladores oficialistas para que la renegociación de los contratos de servicios públicos sea aprobada por ley del Congreso, y no se permitan subas «a cuenta» de la revisión definitiva.
En apariencia, el proyecto de ley quedó frenada tras la intervención telefónica del presidente Eduardo Duhalde, pero el tema de las tarifas sigue estando en la agenda de la Cámara de Diputados para el miércoles próximo.
El Ministerio de Roberto Lavagna también dijo que 53 de las 58 empresas concesionarias presentaron pedidos de ajustes tarifarios de urgencia ante la comisión renegociadora de los contratos. Asimismo, comunicó que está resuelta la vigencia de la «tarifa social» para los sectores de menores recursos.
Las empresas que no hicieron presentaciones son las ferroviarias de carga: América Latina Logística Central, América Latina Logística Mesopotámica, Ferrosur Roca y Nuevo Central Argentino. Tampoco lo hizo la terminal portuaria BACTSA.
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