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En la localidad de Cipolletti (Río Negro), comenzó a funcionar a fines de julio una comisión que reformulará el Concejo Deliberante, lo que implica reducir los 12 concejales a 6. La medida fue adoptada como consecuencia de una consulta popular que contó con el aval del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia que los concejales intentaron infructuosamente frenar con un referéndum.
En el municipio de Pilar (provincia de Buenos Aires), el intendente convocó una consulta popular no vinculante tendiente a bajar el costo de la política. Propone reducir de 20 a 10 los concejales; eliminar la lista sábana; elección individual de los miembros del Concejo Del i b e rante; elección directa de delegados municipales; establecer en 3.000 pesos el tope salarial de los funcionarios políticos y administrativos; definir que la masa salarial en los gastos del municipio no pueda superar 40% del presupuesto anual; poner un límite de 45 días para las campañas electorales; fijar un máximo de 20.000 pesos para el costo mensual de las campañas, y establecer la obligación de informar los aportes recibidos y los gastos erogados en la campaña, así como la rendición de cuentas en los medios de difusión.
A ello se agrega que varias provincias y municipios han puesto en marcha medidas para disminuir los salarios y los fondos destinados a los cuerpos legislativos y concejos deliberantes. Pero algunas de estas reducciones encubren sólo gestos. Es lo que sucede con la decisión de la Legislatura de Formosa de reducir en 50% las dietas, la que, al no incluir las partidas destinadas a gastos de representación, combustibles, asesores y personal temporario, implica en los hechos disminuir sólo 2% del presupuesto total del cuerpo.




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