Trabajo en negro ya es el más alto de la región

Casi 85% del empleo en negro se verifica en los puestos donde se pagan salarios inferiores a $ 400, debido a la baja productividad de estos trabajos. Ante esta situación, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) propone fijar un mínimo no imponible para trabajadores con salarios inferiores a $ 400 a los que no se les fijarían cargas sociales para alentar el blanqueo de estos trabajadores. Las contribuciones patronales en la Argentina son de 23% y más que duplican 10% que cobra Chile, donde el empleo en negro es 20% del declarado. En cambio, en México y en Brasil, los aportes patronales alcanzan a 28% y 36%, respectivamente.

«Aunque la reaparición de la inflación en la Argentina parece haber diluido la importancia de los impuestos del trabajo, la evidencia sugiere que es un error considerarlo un factor inocuo», señala el informe de IDESA. «Tal vez, no sea un elemento de decisiva importancia desde el punto de vista de la generación total de empleos, pero hay indicios de que tiene una muy alta incidencia en su calidad. En el desarrollo social de un país, no sólo importa la cantidad, sino también la calidad de los empleos generados», agrega.

Más adelante, el trabajo indica que «los impuestos al trabajo inciden negativamente en la voluntad del empleador de blanquear o registrar a sus trabajadores. La manera (obviamente, no la única) de alentar la generación de empleo registrado es fijando impuestos acordes con la productividad de los trabajadores».

• Alternativa

Para no afectar a la recaudación, IDESA señala que «una alternativa viable probablemente no sea reducir de manera generalizada los impuestos al trabajo, sino focalizar la reducción de la presión impositiva en los puestos de trabajo de menor productividad que, por este motivo, no están en condiciones de cumplir con la legislación. No es casual que 85% del empleo no registrado en la Argentina lo expliquen los trabajadores con salarios inferiores a $ 400».

IDESA advierte que «esta estrategia podría instrumentarse de manera simple, automática y a un costo fiscal muy moderado. La propuesta consiste en fijar un mínimo no imponible cercano a los 400 pesos para la determinación de las cargas sociales».