UCR comienza también a investigar venta de YPF

Gerardo Morales

El radicalismo va a utilizar esta semana un recurso que le sirvió en el caso Greco para complicar al gobierno, pero esta vez para investigar las transferencias de acciones que se dieron en los últimos tiempos en la petrolera YPF.

Específicamente quieren saber cómo utilizó el Estado la acción de oro y cual fue la intervención oficial en la transferencia de 14,9% de las acciones al grupo Petersen que lidera Enrique Eskenazi, más otra opción de compra hasta completar 20% del capital.

Hoy el jujeño Gerardo Morales y el mendocino Ernesto Sanz explicarán en una conferencia por qué presentarán un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el caso YPF y al mismo tiempo un informe de acuerdo a lo que establece en el Decreto 1172/03 de Acceso a la Información Pública.

Por esa vía -que habilitó Néstor Kirchner al poco tiempo de llegar al gobierno- los radicales consiguieron, por ejemplo, que la Justicia obligara al Ministerio de Economía a entregarles toda la documentación reservada sobre los expedientes que se llevaron en esa cartera para el intento de pago de u$s 200 millones al ex grupo Greco.

Acusaciones

Uno de los puntos que quieren investigar es la forma en que los directores del Estado autorizaron algunas operaciones dentro de la petrolera. Por ejemplo, los acusarán de no cumplir con los artículos 31 y 32 de la Ley de Hidrocarburos, aún vigentes, por lo que los concesionarios de áreas petroleras quedan obligados a realizar inversiones para mantener el nivel de reservas. «Los representantes del Estado no cumplieron con esa obligación», dijo ayer Morales, «especialmente porque la empresa Repsol YPF decidió distribuir 90% de las utilidades y eso es un indicio de que no piensa invertir este año».

Morales, junto a Sanz, explicarán hoy por qué exigen conocer, entre otras cuestiones, «el detalle de la utilización de la acción de oro, operaciones estratégicas en las que se la ha empleado, períodos, resultados y efectos de su uso a la actualidad; fecha de expiración de la misma, negociaciones en virtud de su prórroga y las pautas y estrategias trazadas para solucionar su pérdida».

Transferencia

La investigación que inició el radicalismo arrancó en realidad hace 10 días cuando comenzaron a avanzar en contra de las decisiones del gobierno en materia energética.

Para ese momento la UCR ya estaba buscando documentación sobre la transferencia de las acciones de YPF a Eskenazi y su doble rol como controlador del Banco de Santa Cruz y encargado del fiduciario que administra los fondos de esa provincia depositados en Suiza.

Ahora a través del Decreto 1172/03 quieren que se den a conocer públicamente las medidas adoptadas por el gobierno ante lo que consideran «el copamiento accionario por parte de YPF SA de 51% del capital social». Eso significa que piden conocer el proceso de recompra total de acciones hasta ese porcentaje de la empresa.

Los radicales también quieren saber cómo se realizará «la transferencia a terceros de la totalidad de los derechos de explotación concedidos en el marco de la Ley N° 17.319, determinando el cese total de la actividad exploratoria y de explotación de YPF SA».

Y entre otros puntos si existealgún proceso de « disolución voluntaria de YPF SA», «fusión con otras sociedades» y el porcentaje de «indexación del precio de los combustibles configurando una violación a la Ley de Emergencia Nacional».

La investigación que llevan adelante Morales y Sanz -otro frente más contra Cristina de Kirchner- incluye también:

Las condiciones de «prórroga de la concesión del yacimiento Loma de La Lata», con diecisiete años de anticipación.   

«El uso comercial e industrial por la sociedad adquirente, Repsol, de la sigla YPF.»   

«El análisis de los balances y solicitud de rendición de cuenta de los impuestos.»   

«El control de dónde y cuánto se inviertepor cada una de las cuencas sedimentarias del país.»   

«La evasión de porcentajes de las regalías provinciales.»   

«Las exportaciones; exigencias que se establecieron con la finalidad de que se respeten las obligaciones impuestas por las leyes N° 17.319 y 24.076 de satisfacción del mercado interno.»

Ahora Morales intentará unificar un frente junto al resto de la oposición; la Coalición Cívica también tiene en marcha una investigación sobre la transferencia de las acciones de YPF y ha presentado pedidos de informes, para terminar con el pedido de creación de una comisión investigadora en el Congreso sobre el futuro de la mayor petrolera del país.