Entre hoy y mañana la Unión Industrial Argentina presentará formalmente -por mesa de entradas- su pedido de audiencia a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, con el objeto de llevarle al más alto tribunal su visión de los riesgos que tienen para la actividad fabril recientes fallos sobre accidentes de trabajo y el proyecto de ley que intenta hacer aprobar el ministro Carlos Tomada. La idea de este encuentro sería -según dijo ayer a este diario Luis González Estévez, director ejecutivo de la UIA-«pedir a los jueces su opinión técnica sobre el proyecto de ley que maneja el Ministerio de Trabajo, y acercarles la posición de la Unión sobre lo que vemos como grandes riesgos para la actividad».
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Según trascendió, algún dirigente industrial ya habría mantenido una reunión informal con uno de los jueces de la Corte (se habla del rafaelino Ricardo Lorenzetti) quien no habría puesto reparos en principio para que se celebre un encuentro con la UIA. Esta reunión fue revelada el martes a los miembros de la Junta Directiva de la Unión Industrial, ante el enorme enojo y la preocupación de los representes de las pymes y del interior, que ven amenazada su propia existencia por la posibilidad de que la próxima ley convalide la vía de los juicios civiles para conseguir indemnizaciones superiores a las previstas por la ley de ART.
Ayer, Héctor Méndez, titular de la entidad, se dedicó a «atajar penales» en la interna de la Unión. Una versión que indicaba un posible viaje del dirigente plástico a San Pablo fue desmentida por voceros de la entidad. «Nunca se pensó en que viajara», dijo. La duda es si efectivamente esa excursión paulista nunca existió o Méndez decidió cancelarla en vista del recalentamiento de la interna de la UIA y las urgencias de la hora.
Sucede que la semana próxima volverán a reunirse los máximos representantes del Grupo de los Siete -que conforman la UIA, los bancos nacionales, el comercio, la construcción, el agro y la Bolsacon el doble propósito de designar la delegación de tres técnicos que se sentarán en la «mesa chica» junto con otros tantos representantes de la cartera laboral y la CGT, y sobre todo de pensar en conjunto qué posición asumirán en esa «Comisión Técnica».
• Tarea difícil
Compatibilizar posiciones dentro del empresariado no será tan sencillo como parece prima facie. Es que tanto ADEBA como la Cámara Argentina de Comercio representan a bancos y a compañías de seguros que son socios de aseguradoras de riesgos de trabajo, y que obviamente tienen intereses contrapuestos con los de la UIA. También es un hecho que el tema de los accidentes de trabajo afectan mucho más al sector fabril que al de servicios; de ahí la diferencia de preocupación. «Eso que dice usted es en parte cierto, pero tampoco podemos estar peleándolos por tirar de la manta corta para taparnos: si las empresas no podemos pagar a las ART o debemos cerrar las fábricas se cae todo el sistema, no sólo nosotros», dijo a este diario Luis González Estévez, director ejecutivo de la UIA. «Creo que el interés de las tres partes será generar un sistema viable y constitucional.»
Lo cierto es que quienes más «patalean» son las pymes, y parece razonable: los grandes grupos económicos están en mejores condiciones de afrontar una demanda por indemnización extra-ART, sea por sus frondosos equipos legales o incluso por su poder de lobby. Las pymes, en cambio, quedarían a la intemperie.
Otro aspecto muy conflictivo para las empresas contenido en el proyecto de Tomada es la creación de «comisiones mixtas» de obreros y patronos, en las que se decidirían temas que a los hombres de negocios les quitan el sueño. Una alta fuente de la UIA negó de plano que el ministro les hubiera prometido eliminar ese punto de su proyecto. «Lo que nos dijo es que la 'mesa chica' estudiará cómo limitar sus funciones, justamente para que no se conviertan en una nueva fuente de conflictos. O sea: reglamentar su funcionamiento pero no sacarlas de la ley», agregó el informante.
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