UIA y Tomada hablarán de otro complicado proyecto

Hoy a media tarde -hora local- Héctor Méndez leerá frente a la Asamblea de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) un discurso cuyos puntos centrales fueron adelantados el viernes pasado por este diario. Sin embargo, con ser importante que un dirigente argentino sea uno de los oradores (Méndez hablará en su carácter de «delegado titular empleador»), lo más interesante de este viaje del titular de la UIA a Ginebra es lo que sucederá mañana a la noche: fuentes cercanas a la central fabril confirmaron que habrá una comida en un elegante restorán ginebrino a orillas del Lago Leman, que reunirá a Méndez y su compañero Daniel Funes de Rioja con el titular de la cartera laboral, Carlos Tomada, y el diputado cegetista Héctor Recalde, autor de un paquete de controvertidas modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo.

Allí podrían darse las primeras puntadas a algo que el gobierno les prometió a los empresarios: frenar las iniciativas más «agresivas» para el sector empleador ideadas por Recalde, y a la vez comenzar a darle forma a un proyecto consensuado de ley de accidentes de trabajo, proyecto que duerme en algún cajón de alguna oficina de algún ministerio. Para esto, Tomada volvería a convocar a una especie de «mesa de diálogo» de la que participarían Méndez y Hugo Moyano (titular de la CGT) más el respectivo cuerpo de asesores.

«No creo que Méndez, Funes de Rioja, Recalde y Tomada tengan tiempo u oportunidad de sentarse a conversar antes de mañana por la noche; cada uno tiene sus propias tareas en la Asamblea», agregó la fuente de la UIA. En efecto, el laboralista de la Unión Industrial preside la OIE (Organización Internacional de Empleadores), y Tomada hace lo propio con el Consejo de Administración de la OIT, por lo que no dispondrán de demasiado tiempo para «cruces» casuales en los pasillos de la sede de la Asamblea.

Como se recordará, el pasaje más significativo del discurso de Méndez, y a la vez el que más remite al conflicto local con Recalde, dice que «no se puede entrar en la globalización con la pesada rémora de normas que, con la excusa de proteger a quienes tienen trabajo, impiden el ingreso en el mercado laboral de quienes no lo tienen o están en el sector informal».

Allí también podría tocarse otro proyecto que complicaría aun más las siempre difíciles relaciones entre patronos y obreros. Se trata de uno presentado por el diputado radical jujeño Alejandro Nieva, integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo que preside Recalde. Dicho proyecto establece la extensión de la responsabilidad solidariae ilimitada a los representantes legales, directores y administradores de las sociedades comerciales cuando se trate de obligaciones derivadas del trabajo no registrado. En otras palabras, cada miembro del directorio, cada abogado y cada gerente de cada empresa deberá responder con su propio patrimonio en caso de que algún trabajador cuyo régimen legal sea brumoso (o pueda ser así considerado por la Justicia laboral) plantee una demanda contra esa empresa. Obviamente, esto afectará centralmente a las pymes. Hasta 2002 esa responsabilidad era sólo para los socios y propietarios, pero un fallo de ese año limitó aun más esa responsabilidad.

Extensión

Pero eso no es todo: el proyecto también extiende esa «solidaridad» a cuestiones derivadas de la subcontratación, dado que evalúa que la tercerización es de por sí un «sistema fraudulento cuyo único objeto es limitar o eliminar la responsabilidad del principal. Finalmente, propone eliminar dos regímenes que han abierto la puerta a miles de jóvenes al mercado laboral: el contrato de aprendizaje y el régimen de pasantías.

Cabe apuntar que uno de los principales asesores de Nieva es el abogado laboralista Fernando Azzi, quien en las últimas semanas le aclaró a quien quisiera oírlo que en la reunión que mantuvieron asesores de Diputados con sus pares de la UIA no dijo lo que dicen que dijo: afirmó que cuando los representantes empresariales dijeron que los topes indemnizatorios habían existido siempre, respondió que «si el hecho de haber existido siempre un instituto fuera un valor permanente para el derecho, entonces, con ese criterio, no se habría abolido la esclavitud, aún existiría la prisión por deudas, no habría voto femenino, la mujer continuaría siendo una incapaz relativa, por dar algunos ejemplos...»